Las personas que viven en el número 18 de la calle Mercaderes, en el Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa), ofrecieron ayer una rueda de prensa junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria para denunciar que están en riesgo de perder sus casas. Viven en varios pisos propiedad de la empresa Vidaurre Group, que pretende vaciarlos para construir 11 viviendas de uso turístico.

Los inquilinos ya habían advertido en verano que la empresa estaba presionándolos para que se marcharan, y ahora han informado de que el propietario ya ha obtenido las licencias necesarias para destinar sus viviendas al uso turístico.

“Detrás de esta operación especulativa está Fernando Vidaurre, que controla una estructura empresarial compuesta por más de diez compañías”, señalan. VDR es una de las más conocidas del grupo y figura entre “las diez principales constructoras de Nafarroa”; en 2024 declaró “casi 30 millones de euros de ingresos”. Según los vecinos y el sindicato, “este grupo empresarial obtiene enormes beneficios de la construcción, el negocio inmobiliario y el turismo, sin tener en cuenta las consecuencias que todo ello tiene para la clase trabajadora”.

Acoso contra los vecinos: obras, agua fría...

“Vidaurre Group lleva meses haciéndonos ofertas para que dejemos los pisos, y siempre hemos mostrado disposición al diálogo, pero después de su última propuesta ha decidido cambiar de táctica”, explican. La empresa, dicen, ha comenzado a acosar a los inquilinos: “Al día siguiente de que rechazáramos su última oferta, pidió una licencia para realizar obras en el ascensor y empezó unas obras dudosas, a las que los trabajadores apenas acuden”.

Estas obras, denuncian, les están causando grandes molestias: imposibilidad de usar el ascensor, dificultades para entrar en casa, acumulación de escombros, suciedad y falta de espacio.

También aseguran que Vidaurre Group ha hecho oídos sordos a sus reclamaciones y ha dejado de cumplir algunas de sus obligaciones como propietario: “Además de no informarnos sobre las obras ni los plazos, algunos vecinos llevan meses sin agua caliente porque la empresa no arregla el problema; y a otros incluso les ha impedido el acceso al cuarto donde se encuentra la fibra óptica necesaria para tener conexión a Internet”.

Unidos contra el negocio turístico

“Los vecinos de Mercaderes 18 hemos decidido organizarnos y denunciar, junto al Sindicato Socialista de Vivienda, las prácticas de acoso inmobiliario de la empresa”, afirmaban. Y subrayaron que, más allá de su caso particular, “el negocio turístico tiene consecuencias muy negativas para la clase trabajadora y para el entorno, especialmente en barrios como el Casco Viejo”.

Entre esas consecuencias mencionan: “La expulsión de los vecinos de sus viviendas; de forma directa, cuando se desaloja a quienes vivían allí para convertir los pisos en alojamientos turísticos; y también indirectamente, por la subida de precios y la falta de alternativas, que obligan a las clases populares a marcharse del barrio o impiden a los jóvenes emanciparse en su entorno”.

Asimismo, denunciaron “la precariedad laboral, el encarecimiento de la vida y la degradación de los espacios y redes comunitarias”, pues la ciudad “se pone al servicio de quienes se enriquecen con el negocio del turismo”.

Dos peticiones a Vidaurre Group

En la rueda de prensa de hoy, los vecinos y el sindicato han hecho dos demandas concretas a la empresa Vidaurre Group:

  1. “Que deje de utilizar el acoso como método para echarnos, porque eso solo mancha su imagen”.
  2. “Que no siga adelante con la operación para convertir los 11 pisos en viviendas turísticas”.

Si la empresa continúa con su plan, “otras 11 viviendas caerán en las garras del negocio turístico”. Recuerdan que ya hay más de 200 pisos turísticos en el barrio, “más de la mitad de todos los existentes en Iruñea”.

Y añaden: “Esto solo beneficia a quienes se enriquecen con el turismo, y en ningún caso responde a la situación de las personas que más necesitan acceder a una vivienda en Iruñea”.

Al finalizar la comparecencia, los inquilinos de Mercaderes 18 y miembros del sindicato se dirigieron a la sede de la empresa en la calle San Agustín, donde depositaron los escombros acumulados en su portal para exigir que se hagan cargo de ellos, y pegaron carteles de denuncia en el exterior del edificio.