Investigados tres curas por agredir sexualmente durante más de 30 años a una mujer con discapacidad
La víctima relata décadas de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Mallorca, un caso que se investiga después de tres décadas de silencio por miedo y encubrimiento de la Iglesia.
Durante más de tres décadas, una mujer de Palma ha sido víctima de abusos sexuales y violaciones por parte de un cura diocesano y dos jesuitas vinculados al convento Montesión. La investigación judicial está en marcha en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma tras la denuncia de la víctima, que ahora tiene 55 años. En una llamada telefónica en octubre de 2025, uno de los denunciados reconoció haber tenido contacto con la mujer y admitió en parte los hechos, incluso detalles dolorosos como algunas de las heridas provocadas durante los abusos.
Los hechos, que ocurrieron desde 1988 hasta 2020, han sido denunciados por la víctima a la justicia ordinaria tras haber recurrido previamente al tribunal diocesano. Los tres acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad psíquica derivada de abusos infantiles que la denunciante sufrió, manteniendo una relación de violencia sexual durante años. Las confesiones y negaciones de los religiosos contrastan con la gravedad de las acusaciones, en un marco institucional donde la Iglesia balear ha reconocido, en ocasiones previas, múltiples abusos sexuales ocultados por estructuras jerárquicas.
La investigación judicial trabaja en paralelo a procesos canónicos internos de la orden jesuita, aunque la respuesta de la Iglesia, en términos de reconocimiento y reparación, ha sido muy limitada y ha generado grandes críticas tanto a nivel social como jurídico. Además de la gravedad individual del caso, este se inscribe en un contexto más amplio y alarmante: en 2024, la Conferencia Episcopal Española recogió 146 denuncias nuevas de abusos sexuales en diferentes diócesis, elevando a más de 1.000 el total de casos documentados en solo cuatro años desde el inicio de estas recogidas oficiales. Muchas denuncias no han llegado a juicio por prescripción o fallecimiento del acusado, y la Iglesia ha reconocido tener una obligación moral, aunque no legal, para reparar a las víctimas.
