El doble acuerdo de Illa para gobernar: vivienda y renovables
Las medidas se aprueban en el Consejo Ejecutivo, pero los presupuestos catalanes continúan bloqueados.
Después de meses de negociación, el Govern de Salvador Illa (PSC) en Catalunya ha anunciado dos acuerdos clave para garantizar su gobernabilidad y mantener abierta la vía del apoyo parlamentario: uno con En Comú Podem, para crear una "unidad antidesahucios" y activar el registro de grandes tenedores, y otro con Esquerra Republicana, para reformular el decreto de renovables.
Sobre el papel, los pactos pueden proyectar compromiso social y territorial. Pero detrás del titular, ¿cuál es el contenido?
Una unidad para "frenar desahucios", pero sin poder judicial
El pacto con los Comunes incluye la creación de una "unidad antidesahucios" y la puesta en marcha del registro de grandes tenedores. El objetivo, según el Govern, es "poner orden y coordinación" en la supuesta "lucha contra la emergencia de vivienda".
La Generalitat también prevé incorporar al parque público los 843 pisos adquiridos a ImmoCaixa, con la opción de ampliar su número a más de un millar antes de acabar el año.
A pesar del discurso conciliador, hay un hecho esencial: la nueva unidad no tiene competencias para suspender desahucios ni paralizar ejecuciones. Su principal función será de "mediación y prevención" antes de que los casos lleguen a los juzgados.
Renovables: más voz local, pero con el mismo desequilibrio estructural
El segundo acuerdo con Esquerra busca "resolver la conflictividad territorial" por el despliegue de las energías renovables, especialmente en las Terres de l'Ebre y en el Camp de Tarragona, donde se concentran cerca del 40% de la potencia proyectada en Catalunya.
El nuevo decreto —que sustituye al que decayó en julio por falta de apoyos— introduce cambios para dar más peso al mundo local: limitación de instalaciones en suelos de regadío y revisión del concepto de "interés general superior".
A pesar del discurso del "consenso territorial", expertos y colectivos locales señalan que esta "descentralización" no corrige los desequilibrios sociales ni económicos que rodean el modelo energético. El poder de decisión continúa en manos de los grandes promotores privados, los proyectos ya autorizados se mantienen intactos, y la mayoría de los municipios no tienen ni los recursos ni la capacidad técnica para oponerse de manera efectiva.
Los pactos con los Comunes y Esquerra garantizan a Illa apoyos clave para los presupuestos de 2026, pero el contenido revela más un movimiento táctico de supervivencia política que una apuesta por cambios sustanciales en su política. El president muestra estos acuerdos como un "punto de inflexión", pero el fondo del modelo continúa intacto: una crisis de vivienda sin precedentes y una "transición energética" bloqueada, ambas subordinadas a los intereses del capital privado.
