El Gobierno español financia cárceles de migrantes en Mauritania con cunas para bebés
La "cooperación" española se ha gastado 1,08 millones de euros en dos "centros de detención" que permiten el encarcelamiento de menores, práctica prohibida en el Estado español.
El Gobierno español, a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha construido y financiado dos centros de detención de migrantes en Mauritania que incluyen cunas para bebés lactantes, según documentos oficiales obtenidos por una investigación de El Salto. Los centros, ubicados en Nouakchott (107 plazas) y Nouadhibou (76 plazas), fueron inaugurados el pasado 17 de octubre y permiten privar de libertad a menores, una práctica expresamente prohibida por la legislación española.
La FIAP adjudicó los contratos por 1.080.625 euros a la constructora CADG sin concurso público, utilizando fondos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, según la documentación consultada. Una fuente española implicada en el proyecto reconoció a los periodistas de El Salto que "se trata obviamente de centros de detención", matizando que los niños "solo serán recluidos si están con un familiar". La FIAP defendió posteriormente que los contratos siguieron "procedimiento público" amparándose en la ley de contratación en el extranjero.
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional española participan en las redadas de detención realizadas por las autoridades mauritanas, que incluyen "allanamientos de morada sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial", según reporta El Salto. De hecho, la FIAP ni siquiera ha detallado si existe algún protocolo para evitar maltratos o torturas a los detenidos, ni ha respondido a las preguntas formuladas por los investigadores.
La externalización del control migratorio incluye el abandono sistemático de detenidos en zonas desérticas como Gogui, fronteriza con Mali. Además, El Salto recuerda que Lighthouse Reports y Human Rights Watch denuncian que la Policía Nacional española recibe semanalmente listas con nombres de personas abandonadas. Entre las víctimas hay solicitantes de asilo como Sady Traoré, músico maliense que tuvo que huir de su país por amenazas políticas y ahora sobrevive bajo un puente cerca de València, trabajando puntualmente como jornalero.
Los frutos de los acuerdos migratorios
Estos centros llegan meses después de la colaboración migratoria acordada en la primera Reunión de Alto Nivel entre el Estado español y Mauritania en julio de este mismo año, donde ambos gobiernos se comprometieron a "profundizar la colaboración en favor de una migración segura y ordenada y luchar contra la de carácter irregular". Durante la cumbre, los presidentes Pedro Sánchez y Mohamed Ould Ghazouani suscribieron cuatro convenios sectoriales y la UE anunció más de 500 millones de euros para "el progreso del país y la lucha contra la migración ilegal".
