Investigan a seis miembros de Arran como "grupo criminal"
La Justicia atribuye a Arran delitos de "organización criminal" por pintadas en Menorca contra el agente que espió movimientos sociales en Barcelona sin orden judicial.
Un juzgado de Barcelona (Catalunya) investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por la presunta constitución de un "grupo criminal", delito habitualmente empleado contra el crimen organizado, según el auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso elDiario.es. La causa se centra en el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría de la Policía Nacional española de Maó (Menorca, Illes Balears), donde estaba destinado un agente previamente infiltrado en movimientos sociales de Barcelona.
El Supremo ha dirimido el conflicto competencial entre los juzgados de Barcelona y Maó, decidiendo que la causa se instruya desde la capital catalana por considerar que fue desde allí donde "se organizó" la protesta. La Fiscalía del Alto Tribunal sostuvo que los militantes "mostraron suficiente estructura y reparto de roles" en las acciones investigadas: "Viajar desde Barcelona, grabar en vídeo las acciones y difundirlas desde la cuenta de la organización".
Las únicas acciones investigadas partieron del lanzamiento de pintura contra la comisaría y una pintada en la carretera general de Menorca con el mensaje "infiltración es tortura, os las devolveremos todas", junto a las iniciales del policía. El caso de infiltración en sí no está siendo investigado. El juez de Maó, además, había destacado que las publicaciones en redes sociales "contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio".
La infiltración del agente en movimientos sociales fue desvelada por La Directa en 2023, donde se demostraba que el policía había participado durante meses en asambleas y concentraciones contra desahucios, llegando a puestos de coordinación en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona. La infiltración se produjo sin control judicial, al igual que otros casos de espionaje en círculos anarquistas de la capital catalana, independentistas de Girona y movimientos sociales de Madrid y València.
Manifestantes investigados, infiltradores impunes
En su comunicado de respuesta, Arran denuncia la impunidad de las infiltraciones policiales y califica la acusación de desproporcionada. La organización señala, entre otras cosas, que mientras "cierto presidente se lava las manos de responsabilidades jurídicas y políticas por 229 muertos" (en alusión a Carlos Mazón), a ellos se les investiga como "grupo criminal" por unas pintadas. Recuerdan también las gravísimas secuelas psicológicas provocadas por el espionaje policial, así como las agresiones sexuales cometidas por los agentes durante las infiltraciones, además de otros casos de represión como la suplantación de correos electrónicos de Arran, la CUP y el Sindicat de Llogateres en 2020, atribuido a los Mossos d'Esquadra.
Mientras investigan a los seis jóvenes independentistas catalanes, todas las querellas presentadas por los afectados por las infiltraciones policiales han sido archivadas. Además, al mismo tiempo que la Justicia ha rechazado investigar los espionajes irregulares, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen procedimientos abiertos contra un militante por desenmascarar a policías infiltrados en redes sociales. El responsable policial de las infiltraciones, por su parte, ha sido ascendido por el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, aunque incluso la ONU haya denunciado estas prácticas.
