Delegación de Gobierno sanciona a un fotoperiodista con la Ley Mordaza por cubrir un desahucio
El Gobierno español impone una multa a Dani Gago, colaborador de 'El Salto', por documentar cómo desalojaron a un vecino de Vallecas por una deuda de 45 euros.
La Delegación de Gobierno español en Madrid, dependiente del ejecutivo de PSOE y Sumar, autoproclamado como "el Gobierno más progresista de la historia", ha notificado una sanción administrativa grave al fotoperiodista Dani Gago por cubrir un desahucio. La multa, basada en la Ley de Seguridad Ciudadana —más conocida como Ley Mordaza—, puede oscilar entre 601 y 30.000 euros. Se le acusa de un acto de "obstrucción al cortejo policial" durante el desalojo de un vecino en Vallecas el pasado mes de enero.
Las fotografías de Gago, publicadas por el diario El Salto, documentaban la violencia policial ejercida durante el desahucio de Mariano, un hombre expulsado de su vivienda por una deuda de 45 euros. En las imágenes se mostraba la intervención de los agentes contra militantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) que intentaban impedir el desahucio. La organización ha informado de que, además del periodista, otras cuatro personas han sido multadas por los mismos hechos.
Este caso sienta un precedente en la aplicación de la Ley Mordaza contra un periodista en ejercicio de su labor informativa. La normativa, aprobada por el Partido Popular en 2015, no ha sido derogada en todos los Gobiernos encabezados por Pedro Sánchez, ni cuando compartía Consejo de Ministros con Unidas Podemos ni ahora con Sumar, pese al compromiso público de Pedro Sánchez y sus aliados al respecto. Más bien al contrario: los Gobiernos de coalición del PSOE y sus socios han sido los que más han echado mano de la Ley Mordaza, donde tres de cada cuatro sanciones responden a infracciones de "desobediencia", "resistencia" o "negativa a identificarse", a libre interpretación de los agentes..
Según Amnistía Internacional, recuerda El Salto, se impusieron se impusieron hasta 429.000 sanciones por esta ley entre 2015 y 2023, sin contar las relacionadas con drogas, armas y explosivos. Tan solo la PAH acumula más de 40.000 euros en multas por resistir desalojos desde octubre de 2024. La reforma de la ley, anunciada en julio de 2025 para modificar sus aspectos más lesivos, no ha avanzado en el actual periodo de sesiones parlamentarias.
