Descubren una red que estafó a 45 personas migrantes con contratos falsos en Huelva
Cobraban entre 4.500 y 5.000 euros por cada contrato simulado, explotando la vulnerabilidad de las víctimas, que necesitan un contrato para poder regularizar su situación administrativa.
Desarticulada en Huelva (Andalucía) una red criminal dedicada a la estafa sistemática de migrantes en situación administrativa irregular mediante la venta de contratos de trabajo falsos. Denominada Silver, la investigación, iniciada en febrero de 2022 tras detectar irregularidades en trámites con documentación presuntamente falsa por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, culminó con la detención de tres personas acusadas de estafa, falsedad documental y, en el caso del cabecilla, múltiples requisitorias judiciales pendientes.
Los estafadores cobraban entre 4.500 y 5.000 euros por cada contrato simulado, valiéndose la vulnerabilidad de 45 víctimas identificadas, ciudadanos de terceros países en situación administrativa irregular, que, desesperados por acceder a un empleo legal y evitar la deportación, pagaban sumas que representaban meses de salarios precarios o ahorros familiares enteros. Esta trama no solo ilustra la codicia de los estafadores, sino también la indiferencia estructural de un modelo migratorio que condena a miles de trabajadores a la clandestinidad, fomentando un mercado negro de "soluciones" explotables.
La organización operaba con una eficiencia casi empresarial: contaba con "conseguidores" que actuaban como reclutadores en entornos de máxima pobreza, ofreciendo promesas de regularización a cambio de pagos inmediatos en efectivo o transferencias informales. Estos intermediarios, detenidos en Cáceres (Extremadura), facilitaban el contacto con el núcleo de la red en Huelva, donde se forjaban los documentos falsos para aparentar relaciones laborales inexistentes.
El cabecilla, un exgestor administrativo que reutilizó su cartera de clientes para diversificar sus delitos, acumuló ganancias sustanciales de estafas paralelas, evidenciando cómo la impunidad inicial de estos crímenes, agravada por la lentitud judicial, incentiva aún más estas conductas abusivas.
Su arresto en octubre requirió un dispositivo de vigilancia "de especial dificultad", ya que el sospechoso empleaba pelucas, permisos de conducir falsos y vehículos adquiridos mediante compras simuladas para evadir a las autoridades, un testimonio alarmante de cómo el Estado permite que los depredadores operen con comodidad mientras los migrantes viven en el terror constante a la denuncia o la expulsión.
Nada nuevo bajo el sol
Esta operación, aunque elogiada por la Policía como un "éxito en la lucha contra la falsedad documental", apenas rasca la superficie de un problema endémico en el Estado español, donde las redes de falsos contratos proliferan en territorios como Andalucía debido a la rigidez de las leyes segregadoras de extranjería. Casos similares, como la detención de dos implicados en Huelva el pasado octubre por cobrar hasta 6.000 euros en fraudes análogos, demuestran un patrón recurrente: las víctimas, a menudo sin redes de apoyo y temerosas de represalias, rara vez denuncian.
