Según ha recogido el medio ecuatoriano Periódico Opción, el Gobierno del país ha confirmado que la aprobación de una de las preguntas del referéndum convocado para este domingo abriría la puerta a la instalación de dos bases estadounidenses en territorio Ecuatoriano: una en Manta y otra en Salinas. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló en una entrevista por radio que una de ellas sería gestionada directamente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), con "inteligencia compartida" para "combatir el crimen organizado". La propuesta revive un debate histórico, puesto que la Constitución de 2008, impulsada durante el gobierno de Rafael Correa, prohibió expresamente la presencia de bases militares extranjeras.

La ubicación de las instalaciones no es casual. Manta albergó entre 1999 y 2009 una "Base Avanzada de Operaciones" de las fuerzas estadounidenses, mientras que Salinas ofrece acceso estratégico al Pacífico. La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó ambos sitios la semana pasada en su segundo viaje a Ecuador en menos de tres meses, acompañada por autoridades locales. Aunque el Ejecutivo presenta esta cooperación como "esencial para enfrentar la crisis de seguridad", algunos analistas cuestionan su objetivo real y el costo en términos de soberanía.

El contexto geopolítico añade complejidad a la cuestión. Ecuador comparte fronteras marítimas y aéreas con rutas clave del narcotráfico, pero también se encuentra en una región atravesada por tensiones entre Estados Unidos y gobiernos como el de Venezuela. La proximidad de Manta y Salinas a posibles zonas de interés estadounidense en el Caribe y el Pacífico ha llevado a críticos, incluyendo sectores indígenas y exfuncionarios militares, a advertir que las bases podrían trascender el supuesto "objetivo antidrogas" y servir como plataformas de vigilancia o "disuasión" regional. Históricamente, la presencia estadounidense en Manta generó controversias por inmunidades otorgadas al personal extranjero y, por el contrario, un impacto muy limitado en la reducción del tráfico de drogas, según informes independientes de la época.

La decisión final recae en los ecuatorianos este domingo. El referéndum incluye múltiples preguntas, lo cual ha sido criticado por diluir el foco en temas de otra índole, restándole importancia a un hecho que constituirá, de aprobarse, una entrega considerable de soberanía. Noboa defiende la reforma como "un paso pragmático" ante la "incapacidad del Estado para contener el narcotráfico por sí solo".

Aun así, cada vez más voces son críticas con esta posible reforma, recordando que en la vecina Colombia, aunque EE.UU. no cuente oficialmente con ninguna base propia, sí que "coopera" en siete de ellas, y, sin embargo, los problemas asociados a las drogas siguen igual. Además, recuerdan también las consecuencias de episodios pasados similares: Durante la Segunda Guerra Mundial, el archipiélago de Galápagos, bajo soberanía ecuatoriana y patrimonio de la humanidad, fue cedido como portaaviones improvisado a los EE.UU., dejando ruinas que aún contaminan el ecosistema único de las islas.