El Senado francés aprueba la hipervigilancia de quienes cobran el paro
France Travail tendrá acceso irrestricto a datos personales y podrá bloquear ayudas preventivamente, mientras el verdadero fraude fiscal, de hasta 100 mil millones, sigue sin investigarse.
Según informa l'Humanité, el Senado francés ha aprobado enmiendas que conceden a France Travail (la agencia estatal de empleo) facultades para acceder a facturas telefónicas detalladas, historiales de vuelos y otros datos privados con el fin de confirmar la "residencia efectiva" de quienes reciben subsidios por desempleo. Esta verificación permite la suspensión inmediata y conservatoria de todas las prestaciones, incluidas las mínimas, tan pronto como se detecten "varios indicios serios" de irregularidad, sin necesidad de resolución judicial previa. La medida, incorporada al proyecto de ley contra fraudes sociales y fiscales, afecta directamente a cientos de miles de personas cuya supervivencia depende de estas ayudas, muchas de ellas en situación de pobreza o con movilidad laboral limitada.
Otra de las consecuencias de la medida es que obliga a domiciliar las cuentas bancarias receptoras de indemnizaciones en Francia o la Unión Europea, lo que complica la vida a trabajadores transfronterizos, temporeros y expatriados temporales que mantienen cuentas en países vecinos por motivos laborales o familiares. Además, la Cuenta Personal de Formación (CPF) pasa a exigir la asistencia física a exámenes de certificación, salvo "motivo legítimo" no definido con claridad, bajo pena de denegación total de la prestación. Estas barreras administrativas adicionales pueden dejar sin formación ni subsidio a quienes no disponen de medios para desplazarse o justificar ausencias, agravando su exclusión del mercado laboral.
El volumen de fraude vinculado a la residencia falsa se cifra en 136 millones de euros para 2024, según France Travail, una cantidad que representa menos del 5% del fraude social detectado (2.900 millones) y apenas el 0,14% del fraude fiscal estimado (80-100 mil millones anuales). Pese a no suponer ni un 0,2% del fraude fiscal total, el texto dedica la mayoría de sus disposiciones a controles minuciosos sobre prestaciones individuales, mientras las herramientas contra redes de evasión corporativa o patrimonios offshore quedan en segundo plano. La consecuencia práctica es un señalamiento sistemático hacia los beneficiarios más vulnerables: una sospecha administrativa puede cortar de raíz el único ingreso de una familia durante meses, sin recurso efectivo ni indemnización por errores.
Otras cláusulas permiten suspender el pago anticipado de tratamientos médicos a condenados por fraude y bloquear prestaciones enteras por "dudas serias" de maniobra fraudulenta, medidas que operan como sanciones preventivas y sin proceso. El proyecto, que aspira a ingresar 2.300 millones adicionales en 2026, será votado en sesión el 18 de noviembre antes de llegar a la Asamblea Nacional, donde podría modificarse. Sin embargo, su orientación actual consolida un sistema en el que la carga de la lucha antifraude recae exclusivamente sobre quienes menos recursos tienen para defenderse.
