Jefes de Policía Local en el País Valencià piden usar armas largas
Promueven una modificación normativa que permitiría la adquisición de rifles, escopetas, carabinas y fusiles sin restricciones explícitas de uso ni protocolos de rendición de cuentas.
Los jefes de Policía Local del País Valencià han activado una campaña legislativa para autorizar la dotación de armas largas a sus unidades, invocando la Ley Orgánica 2/1986 y la Ley 17/2017 que definen a estos cuerpos como "institutos armados sin diferenciación de calibres". El análisis interno de la Asociación de Jefes de Policía Local de Alicante (AJPLA) afirma que "no existe barrera legal autonómica para esta medida" y califica de “error” el Real Decreto 740/1983, empleado históricamente para denegar su tenencia. La iniciativa, que ya circula entre alcaldes de la provincia, propone la adquisición directa de rifles, escopetas, carabinas y fusiles sin intervención estatal previa.
El precedente más inmediato es Murcia, donde la Asamblea Regional aprobó en 2024 la dotación de armas largas, tasers y gas pimienta a policías locales, argumentando "necesidades operativas" similares. En Moraleja de Enmedio (Madrid), las patrullas municipales portan rifles desde hace años bajo la Orden INT/703/2006, que distingue municiones colectivas sin imponer límites explícitos de uso. Estos casos ilustran la dotación de material con aún mayor capacidad letal a nivel local, sin protocolos unificados de entrenamiento, auditoría o rendición de cuentas ante instancias superiores.
La propuesta valenciana elude cualquier referencia a mecanismos de control externo: no menciona ni comisiones de supervisión, ni registros obligatorios de disparos ni revisiones periódicas de autorización. Al basarse en la autonomía municipal para la adquisición, el documento de AJPLA habilita a los ayuntamientos a decidir calibre y cantidad de armamento sin pasar por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, rompiendo el esquema tradicional de centralización estatal.
Este debate sobre la proliferación de armamento en las policías locales se produce en un contexto donde los protocolos en las propias comisarías en teoría "superiores" en seguridad como las de la Policía Nacional quedan en entredicho. Un ejemplo reciente es el robo de un revólver reglamentario y una placa identificativa en la comisaría de la Policía Nacional en Iruñea (Nafarroa), un edificio con cámaras de seguridad y estrictos controles de acceso. Dos semanas después del suceso, la investigación no ha aclarado públicamente cómo pudieron producirse estas sustracciones en un espacio restringido, lo que genera serios interrogantes sobre lo que podría suceder si se introdujeran armas largas en comisarías de la Policía Local.
