Silencio tras dos semanas del robo de un arma y una placa en la comisaría de Iruñea
La investigación sigue sin aclarar públicamente cómo sustrajeron la pistola de un alto mando y la identificación de su secretaria en los despachos de la Jefatura de Policía, pese a las cámaras y los controles de acceso.
La investigación judicial sobre el robo de un arma de fuego en la comisaría de la Policía Nacional española en Iruñea (Nafarroa) continúa sin resultados aparentes dos semanas después de que un alto mando denunciara la desaparición de su revólver reglamentario. Según informaba Noticias de Navarra el pasado 30 de octubre, el arma fue sustraída del interior del despacho del oficial en las dependencias de la calle General Chinchilla, donde el mando tenía habilitación para su uso.
La Brigada Provincial de la Policía Judicial asumió la investigación tras la denuncia interpuesta en la propia comisaría, aunque hasta el momento no se han hecho públicas conclusiones sobre los responsables o las circunstancias del robo. El caso presenta particularidades significativas, ya que las instalaciones cuentan con circuito de vídeo cerrado en las estancias y controles de acceso en las principales dependencias, por lo que sería relativamente fácil comprobar qué sucedió en el interior de la comisaría.
Días antes del robo del arma, la secretaria del mismo alto mando había denunciado la sustracción de su cartera personal en otra habitación anexa al despacho, que contenía en su interior la placa identificativa profesional del Cuerpo Nacional de Policía, lo que añade un extra de sospecha a los hechos denunciados.
Por el momento, sigue siendo un interrogante cómo pudieron producirse ambas sustracciones en un edificio con semejantes medidas de seguridad en una sola semana, donde solo agentes de Policía acreditados y que se conocen mutuamente pueden entrar a dependencias restringidas. Noticias de Navarra detalla cómo, desde hace meses, todas las personas que acceden al edificio deben contar con tarjeta de identificación, inclusive los policías uniformados. La falta de avances públicos en la investigación a quince días de los primeros reportes genera serios interrogantes sobre la eficacia de estos sistemas de seguridad en una comisaría policial o, en su defecto, sobre la naturaleza misma de los hechos denunciados.
