El Supremo “castiga” al policía que mató a un preso fugado de un disparo por la espalda: seis meses de multa
Revoca la absolución por el homicidio con una sanción de medio año; el policía no se da por satisfecho y recauda fondos: “Yo sigo pensando que solo hice mi trabajo”.
El Tribunal Supremo ha "castigado" a seis meses de multa por un delito de homicidio por imprudencia leve al agente de la Policía Nacional Víctor Blázquez, quien mató de un disparo por la espalda a Hernando Jean Paul Sierra Quintero durante una persecución en Cáceres. La sentencia del alto tribunal revoca la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que había absuelto al policía. Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2018, cuando el preso, conocido como El Parcero, logró escapar de un traslado a los juzgados tras agredir a los agentes que lo custodiaban.
Según la sentencia, el agente Blázquez participó en el operativo de búsqueda y localizó al fugitivo en una zona montañosa. Durante la persecución, el policía portaba una pistola propia después de haber perdido el arma reglamentaria tras recibir el impacto de una piedra lanzada por el preso. El tribunal considera probado que el agente corría a menos de ocho metros de la víctima realizando disparos al aire e intimidatorios. El policía afirma que "se cayó" en un momento de la carrera por un terreno "mojado y resbaladizo", y, al tener el dedo en el gatillo y el seguro quitado, accionó el arma "de forma accidental", alcanzando a Sierra Quintero en la espalda y causándole la muerte inmediata.
La Sala de lo Penal subraya que, aunque el agente estaba "autorizado a portar arma, incluso a su uso intimidatorio", llevar el dedo en el gatillo en esas condiciones "generaba un riesgo cierto de que ante cualquier incidencia, como la que ocurrió, el arma se disparase". El tribunal califica este riesgo de "muy especial gravedad" dada la letalidad del arma y añade que "llevar el dedo en el gatillo no resultaba justificado e incrementaba innecesariamente el riesgo", puesto que no era necesario para reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad. La sentencia concluye que el resultado letal es "imputable al agente" por no adoptar las medidas de precaución exigibles. Sin embargo, la pena por es de seis meses.
Por su parte, el agente Víctor Blázquez ha manifestado que "allí disparó todo el mundo" y que el proyectil "nunca fue localizado" para realizar el cotejo balístico. Además, sus compañeros han iniciado una campaña de recaudación de fondos para sufragar los más de 205.000 euros que debe desembolsar entre indemnización, multas y costas judiciales, redoblando la impunidad.
El fallo del Supremo destaca que, en el momento del disparo, el fugitivo se encontraba "solo y desarmado" y rodeado por un dispositivo de "unos 48 agentes", por lo que no existió ningún riesgo real, objetivo e inminente para la vida del policía que justificase mantener el arma en disposición de disparo inmediato. El tribunal recalca que el agente "debería haber enfundado su arma" o mantenido la distancia de seguridad. Esta resolución judicial pone fin a un proceso de ocho años marcado por un carrusel de sentencias contradictorias que finalmente establece la responsabilidad penal del funcionario en la muerte del detenido; seis meses.
