La Policía Nacional española ha detenido esta semana a uno de sus propios agentes de la comisaría de Guadalajara (Castilla-La Mancha) y a dos abogados de origen marroquí por su participación en una red que facilitaba la obtención de Tarjetas de Identificación a Extranjeros (TIE) sin cumplir los procedimientos legales. Según publicó La Opinión de Málaga el pasado 18 de noviembre, la investigación de la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo documentó al menos 900 gestiones irregulares en las que se omitió la toma obligatoria de huellas dactilares, un requisito esencial para verificar la identidad y los antecedentes de las personas extranjeras.

Después de haber detecado la primera irregularidad, los investigadores descubrieron que el policía adelantaba citas para clientes vinculados a los abogados implicados, aunque en muchos casos los solicitantes ni siquiera acudían a la comisaría. En una práctica supuestamente "inédita" llamada “anquilosis dactilar”, el agente logró saltarse los controles del sistema informático, permitiendo tramitar las TIE de manera fraudulenta. Entre los presuntos clientes del policía hay ciudadanos marroquíes y, al menos en un caso confirmado, una persona saharaui que recibió la tarjeta en el extranjero.

Derechos de migración en riesgo y dificulta la investigación de antecedentes

Las TIE son documentos obligatorios para personas extranjeras con visado o residencia prolongada y permiten acceder a servicios básicos como sanidad pública, abrir cuentas bancarias o realizar otros trámites administrativos. Casos de corrupción de esta naturaleza pone grave riesgo la protección de los derechos de las personas migrantes en el Estado español y, paradójicamente, dificultan la detección de personas con antecedentes penales o señaladas por la Interpol.

60.000 euros en efectivo, 700 euros por TIE

Los investigadores hallaron 60.000 euros en efectivo en el domicilio del presunto agente corrupto y estiman que ganaba 700 euros por cada TIE irregular tramitado, parte de los cuales pudo invertir en la compra de dos viviendas, cuya finalidad no se ha revelado.

En estos momentos, los tres detenidos están imputados por falsedad documental, cohecho y facilitación de la inmigración irregular. La investigación sigue abierta bajo la supervisión del juzgado de instrucción número uno de Guadalajara, mientras el cuerpo policial implicado declinó hacer declaraciones al respecto.

Mafias policiales

La operación expone cómo las barreras administrativas que establece la Ley de Extranjería, así como su consiguiente saturación del sistema de Extranjería —donde los ciudadanos pagan entre 50 y 500 euros por cita—, son un terreno fértil para las mafias policiales y civiles, que se lucran revendiendo los trámites a través de Telegram, WhatsApp, Facebook y portales de reventa. El escándalo revela, a su vez, cómo la corrupción dentro de la fuerza policial se traduce en pérdida de derechos, marginalidad y pobreza para trabajadores migrantes que dependen de la regularización administrativa para poder realizar su vida diaria en el Estado español.