El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, respaldó este miércoles la decisión del gobierno de Berlín de retirar la ciudadanía a un joven de origen sirio acusado de "apoyar a Hamas" en redes sociales. La medida forma parte de una ofensiva institucional que endurece el acceso a la nacionalidad alemana y que sitúa bajo sospecha política a cientos de miles de personas migrantes que viven en el país.

Según recoge la agencia Reuters, Dobrindt afirma que las personas naturalizadas “deben compartir los valores del país”, una formulación que el Gobierno utiliza para legitimar mayores herramientas de control del pensamiento sobre quienes no poseen ciudadanía de nacimiento. Desde la reforma de la ley en 2024, los solicitantes deben declarar su adhesión al “orden democrático” y aceptar explícitamente la “responsabilidad histórica” de Alemania, es decir, reconocer el Estado de Israel, una cláusula de excepción que se ha convertido en filtro ideológico.

La retirada de ciudadanía llega, por tanto, en un clima marcado por la presión sostenida de partidos fascistas como Alternativa para Alemania y por el intento del Ejecutivo de mostrarse inflexible frente a los sectores más politizados y propalestinos de la migración. Berlín presenta estas medidas como "defensa de la convivencia y la democracia", pero en la práctica se traducen una jerarquización étnica de derechos entre ciudadanos alemanes de nacimiento y personas de origen extranjero, algo que, visto el historial de Alemania, levanta acusaciones de racismo.

El caso concreto

Según filtraciones a la prensa alemana, el joven —que llegó a Berlín siendo niño— publicó una imagen con combatientes de la resistencia palestina acompañada de la frase “Héroes de Palestina” un día después de obtener la nacionalidad. Las autoridades interpretaron esta publicación como un “engaño” en su “compromiso con los valores del país”.

La Oficina de Inmigración actuó tras recibir información de inteligencia, lo que evidencia la cooperación entre cuerpos policiales y organismos migratorios para vigilar la actividad política de personas recién naturalizadas. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, celebró públicamente la rapidez con la que se retiró su ciudadanía, dejando claro que la ciudadanía de cualquier persona naturalizada puede ser revertida en cualquier momento si contradice los principios de la República Federal Alemana.

Contexto político más amplio

Desde hace meses, el Gobierno alemán impulsa una política de redefinición restrictiva del “pertenecer”, en un momento de crecimiento de la extrema derecha y de protestas comunitarias entre jóvenes de origen árabe y fe musulmana. Al vincular la ciudadanía a un examen ideológico, las instituciones alemanas ejercen un control social y político más profundo sobre la clase obrera migrante, que ya de por sí sufre discriminación laboral, policial y residencial.

La medida también se inserta en una larga tradición política de la República Federal de invocar la "memoria del Holocausto" para justificar políticas exteriores e interiores de excepción según le plazca, especialmente en relación con el Estado de Israel. Algunos observadores críticos señalan que, paradójicamente, es precisamente esta noción etnonacionalista alemana que está justificando el Gobierno alemán la que representa la esencia del nazismo, y no defender a Palestina. Esta instrumentalización produce nuevas desigualdades: mientras se exige a la población migrante o nacionalizada un alineamiento absoluto con la política exterior alemana, "los alemanes de nacimiento" no tienen que justificar nada, y, de momento, no pueden perder la nacionalidad por su pensamiento.

La retirada de la ciudadanía, sin un proceso judicial transparente y con una publicación en redes como única base, refuerza una tendencia preocupante: convertir la nacionalidad en un privilegio condicional que puede perderse en cualquier momento según criterios políticos y no jurídicos, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes ya viven bajo escrutinio policial y administrativo y refuerza el etnonacionalismo alemán.