La tortura sistemática, más allá del franquismo
Solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se registraron 4.113 casos de tortura entre 1960 y 2014; 3.032 son posteriores a 1978.
Un trabajo publicado en 2017 por la Universidad del País Vasco (EHU) y el Gobierno Vasco (Proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Euskadi, 1960-2014) dejó claro el alcance de la tortura como herramienta del Estado, al recoger de forma sistemática los malos tratos cometidos por las fuerzas estatales durante esos años. El equipo dirigido por el reconocido médico Paco Etxeberria documentó en total 4.113 casos entre 1960 y 2014, reunidos en un censo oficial. Ese registro representa a 3.415 víctimas, ya que el 17% sufrió torturas o malos tratos en más de una ocasión. El trabajo se basa en un archivo de más de 26.000 documentos y miles de testimonios grabados en vídeo, y constituye hasta ahora la recopilación más extensa realizada en la Comunidad Autónoma Vasca sobre esta cuestión.
La investigación rompe la creencia de que la tortura se limita a la dictadura franquista, con un dato significativo: solo el 26,4% (1.081) de los casos registrados corresponden a la dictadura y a los primeros años de la llamada “Transición” (hasta 1978). En cambio, la gran mayoría se produjeron en época “democrática”, después de la aprobación de la Constitución. En la muestra analizada en profundidad mediante el Protocolo de Estambul, el 76% de los casos son posteriores a 1978, con una incidencia especialmente alta en la década de los 80 (35% de la muestra) y a partir del año 2000 (31%). Esto demuestra que los mecanismos de tortura han persistido durante décadas en las estructuras del Estado.
38% atribuidas a la Guardia Civil
En cuanto a las fuerzas policiales señaladas por torturas, en los casos en los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul, el 38% de las denuncias se atribuyen a la Guardia Civil, el 30,7% a la Policía española y el 9,9% a la Ertzaintza. La metodología ha experimentado una evolución estadística: hasta los años 90 eran habituales los métodos que dejaban marcas físicas visibles (la bañera o la electricidad), pero posteriormente predominó la llamada “tortura limpia”, diseñada para ocultar señales. Ejemplos de ello son la asfixia con bolsa, la permanencia prolongada en posturas forzadas o las amenazas. Las víctimas pasaron, de media, casi cinco días en régimen de incomunicación.
95,5% de casos con "evidencias sólidas" según el Protocolo de Estambul
Además, se ha tratado de medir repetidamente la veracidad de las torturas denunciadas aplicando el Protocolo de Estambul a 202 víctimas. Los resultados son claros: en el 95,5% de los casos se halló un nivel de coherencia “sólido” entre el testimonio de la víctima y las conclusiones periciales (48,5% sólido, 41,1% muy sólido y 5,9% pleno). Estos datos, sin embargo, chocan con la realidad judicial posterior: pese a los miles de casos documentados, el Tribunal Supremo español solo emitió 20 sentencias firmes por torturas entre 1979 y 1992, condenando en total a 49 funcionarios. En muchas ocasiones, los torturadores fueron indultados.
El informe mencionado advierte además de que, entre las víctimas que participaron en la investigación, el 15% sufre todavía graves consecuencias psicológicas y necesita atención especializada.
