Represión policial contra la huelga del metal en Génova
La policía cargó y lanzó gases lacrimógenos contra los obreros tras cinco días seguidos de huelga contra el cierre de varias plantas. Ayer se estableció un principio de acuerdo, pero los sindicatos siguen alerta.
En las calles de Génova, miles de trabajadores de la metalurgia, muchos de ellos operarios de la ex Ilva de Cornigliano, un gigante siderúrgico italiano fundado en 1905, protagonizaron este jueves una jornada de huelga general que terminó en violentas cargas policiales frente a la Prefectura (oficina territorial del Ministerio del Interior). Lo que había comenzado como una marcha pacífica, con más de 5.000 personas saliendo del barrio obrero de Cornigliano con cascos en la cabeza y pancartas en alto, se transformó en una batalla campal cuando los manifestantes se encontraron con un auténtico muro de contención: vallas metálicas, blindados y cientos de agentes antidisturbios que impedían cualquier aproximación al edificio, relatan desde Genova24.it.
Los huelguistas pedían la retirada del plan de ciclo corto del gobierno italiano, que implica apagar las coquerías y cerrar las plantas del norte (como la de Génova), poniendo en riesgo más de 1.500 empleos locales. La rabia acumulada tras cuatro días de huelga ininterrumpida estalló: alrededor del mediodía, un grupo de trabajadores utilizó un gancho de carga para enganchar cables y derribar parte de las barreras. La respuesta policial fue inmediata: los antidisturbios dispararon decenas de botes de gas lacrimógeno a la altura de las personas, generando una nube tóxica que obligó a retroceder a los manifestantes entre toses, llantos y quemazón en los ojos.
Video: @DaniMayakovski (X)
Promesas de inversión privada
Los cánticos contra el ministro de Empresas, Adolfo Urso, llamándolo cobarde, entre otros, resumían el sentimiento de rábia de toda una clase. Los operarios de la planta de Cornigliano, 1.500 empleos directos en Génova y miles más en el tejido industrial auxiliar, llevan meses denunciando que el Gobierno de Giorgia Meloni ha abandonado la siderurgia italiana.
El plan inicial, al contrario del que el Gobierno quería acabar imponiendo, preveía tres plantas de reducción directa de mineral (DRI) y cuatro hornos eléctricos, incluido uno en Génova, que habría permitido continuar con la producción y mantener casi la totalidad de los puestos de trabajo. Urso había enterrado ese proyecto sin dar explicaciones, dejando en su lugar vagas promesas de «inversores privados» y la perspectiva real de una licitación pública desierta que aceleraría el cierre definitivo y despidos masivos.
Los sindicatos, como la Fiom-CGIL o la UBS, hablan abiertamente de «cambio de reglas en plena partida» y de una "traición" que acelera la desindustrialización del país mientras el ministro Urso se limita a repetir que "no habrá cierres" sin ofrecer ninguna garantía concreta ni calendario.
La alcaldesa genovesa Silvia Salis intervino para intentar hacer de voz de los huelguistas, prometiendo reunirse con Urso para "discutir las reivindicaciones de los trabajadores", aunque reconoció que las respuestas del Gobierno siguen siendo "provisionales" y no contemplan el escenario más probable: que no aparezca ningún inversor y la planta cierre. Tras los enfrentamientos, la manifestación se desplazó a la estación de Brignole, donde los trabajadores ocuparon las vías durante casi una hora, paralizando el tráfico ferroviario.
La CGIL nacional ha calificado la carga policial de «deriva reaccionaria del Gobierno», comparándola explícitamente con los eventos del G8 de Génova en 2001, donde hubo violencia estatal masiva contra manifestantes, y ha exigido explicaciones al prefecto por haber blindado la Prefectura y haber reprimido una manifestación pacífica.
Fotos: alessandro54.com
Acuerdo temporal
Tras cinco días de huelga intensa, el viernes 5 llegó un giro inesperado. En Roma, durante un encuentro en el Ministerio de Empresas e Industria (Mimit) entre el ministro Adolfo Urso, el presidente de la Región Liguria Marco Bucci, la alcaldesa de Génova Silvia Salis y el comisario extraordinario, se alcanzó un acuerdo provisional que ha sido calificado de "fumata bianca". Según lo acordado, el comisario se compromete a reiniciar la línea de zincado con la llegada de 24.000 toneladas de acero para procesar, lo que mantendrá, provisionalmente, los niveles ocupacionales actuales: 585 trabajadores en activo, 280 en integración salarial y 70 en formación.
Los sindicatos celebran el acuerdo, pero siguen desconfiando del Gobierno: "Buenas noticias sí, problemas acabados no"
