Casi la mitad de las personas migrantes no europeas vive en los barrios con las rentas más bajas
Un estudio del mapa demográfico del Estado español evidencia las dinámicas segregadoras estructurales del mercado de la vivienda.
El mapa demográfico del Estado español ha experimentado una transformación sustancial en los últimos años, dejando en evidencia sesgos estructurales hacia las personas migrantes de origen extracomunitario. Según los registros más recientes, entre 2016 y 2024 2,5 millones de personas no nacidas en Europa han constituido su morada en el Estado español, elevando la población nacida fuera del continente de 3,9 a 6,4 millones de personas. En este aspecto, el reportaje El avance de la España segregada: así se empuja a los inmigrantes a los barrios más pobres que ha publicado elDiario, analiza en profundidad la situación deduciendo que casi la mitad de estos nuevos residentes ha terminado viviendo en los barrios con las rentas más bajas del Estado (los deciles más pobres), evidenciando una tendencia estructural a la segregación.
La falta de alternativas asequibles (junto con las malas condiciones laborales generalizadas y demás) ha canalizado el 40% del incremento poblacional hacia las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, concentrando a la nueva clase obrera migrante extracomunitaria en zonas que ya arrastraban déficits de inversión pública. En el sur de Madrid, distritos como Carabanchel, Puente de Vallecas o Villaverde registran cifras donde la población foránea supera el 30%, no por una "preferencia cultural", sino por necesidad económica. La mitad de la población migrante reside así en barrios del desarrollismo franquista , un parque inmobiliario envejecido que actúa como único "refugio" habitacional ante unos salarios que, frecuentemente, no alcanzan los 1.500 euros mensuales, en caso de que sean mediante contratos formales.
Otro ejemplo es el barrio de La Florida en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya), ilustrando cómo el mercado inmobiliario exprime a los colectivos más vulnerables de la clase trabajadora. En esta zona, una de las más densas de Europa y donde la población migrante alcanza el 51%, la exclusión habitacional es la norma. Existen más de 800 viviendas de entre 30 y 40 m², muchas de ellas degradadas, que se alquilan a precios sujetos a la especulación.
El 36% de la población no europea convive en hogares de cinco o más miembros
La imposibilidad de acceder a una vivienda estable y de calidad impone el hacinamiento como única estrategia de supervivencia frente a los altos costes, viéndose reflejado esto mismo en que el 36% de la población no europea convive en hogares de cinco o más miembros mientras que la tasa desciende al 14% entre los nativos. Además, a la barrera económica se suma la administrativa, de manera que muchos llegados de Venezuela, Colombia y Marruecos —que suponen la mitad de los nuevos flujos migratorios— deben afrontar al menos dos años de irregularidad administrativa, un limbo burocrático que les expuja fuera de la sociedad y les obliga a aceptar condiciones de habitabilidad subestándar con nula capacidad de negociación con los rentistas, o, en su defecto, a la infravivienda, como recientemente ha quedado en evidencia en Badalona (Barcelona, Catalunya) o Martutene (Donostia, Gipuzkoa).
El análisis de 36.000 secciones censales evidencia un sistema que, también en materia de vivienda, clasifica y separa inevitablemente a la población según su clase social y origen, estrechamente vinculados. Si bien en el caso del Estado español aún no alcanza los niveles de segregación de países como el Estado francés o Estados Unidos, son las tendencias inherentes a las leyes del mercado y el tratamiento de la vivienda como mercancía —y no como derecho fundamental— la que converge en modelos completamente segregados, racistas y empobrecedores.
