El Gobierno español aprueba las ayudas a propietarios ante impagos de alquiler
A petición de Junts, el nuevo real decreto crea un sistema de avales públicos para cubrir impagos en arrendamientos de jóvenes y personas vulnerables, mientras el precio de la vivienda roza máximos.
El Consejo de Ministros español ha aprobado este martes un real decreto que introduce un sistema de avales públicos para cubrir impagos en contratos de alquiler dirigidos a jóvenes menores de 35 años y personas vulnerables, una iniciativa que el Gobierno presenta como un "avance para facilitar el acceso a la vivienda". La medida, gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, responde a una demanda de Junts per Catalunya, en el marco de los compromisos pendientes tras la prórroga del escudo social.
Para acceder a esta cobertura pública, que en la práctica supone un rescate con dinero público a los rentistas, los arrendadores deberán cumplir requisitos que, en teoría, buscan "limitar el abuso": alquilar a precios por debajo del índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y firmar un compromiso formal con el inquilino. La cobertura no solo garantiza el cobro de rentas impagadas, sino también daños en la vivienda y deudas de suministros. El Ministerio de Vivienda ha vendido la medida como un incentivo para "aumentar la oferta asequible", pero en realidad trasladará el riesgo de los caseros al erario público, subvencionándolos indirectamente, en un momento en que los alquileres se encuentran "disparados".
En definitiva, este aval público no es más que el enésimo salvavidas estatal a los rentistas, transfiriendo el riesgo de impagos directamente al bolsillo de la clase trabajadora a través de los impuestos. Críticos lo denuncian como un blindaje a los beneficios de una minoría especulativa que extrae riqueza de familias ya asfixiadas, donde el 30-40% destinan más de la mitad de sus ingresos a rentas disparadas un 94% en la última década.
