La formación ultraderechista Vox y su organización juvenil afín, Revuelta, atraviesan una crisis interna de proporciones inéditas que ha estallado en los últimos días, marcada por dimisiones, denuncias cruzadas ante la Fiscalía y audios filtrados que revelan intentos de encubrimiento. Esta fractura no solo cuestiona la gestión de fondos destinados a víctimas de la DANA en València en octubre de 2024, sino que expone tensiones profundas entre la cúpula de Vox, liderada por Santiago Abascal, y sectores juveniles o disidentes del partido. Aunque Vox insiste en desvincularse de Revuelta, múltiples vínculos personales y operativos entre ambos sugieren una dependencia histórica que ahora se ha convertido en un lastre.

Revuelta, nacida en 2023 como un movimiento juvenil impulsado por Vox para canalizar protestas contra la amnistía, famosa por las concentraciones en Ferraz, ha sido durante años su "brazo cultural" oficioso, con dirigentes como Arturo Villarroya González (asesor de Jorge Buxadé en Bruselas) y Javier Esteban Bejarano ocupando roles clave. Sin embargo, la crisis detonó el 5 de diciembre cuando Villarroya y Esteban dimitieron de la junta directiva, acusando al presidente Jaime Hernández Zúñiga, junto a Pablo González Gasca y Santiago Aneiros, de opacidad total en la gestión: en dos años, no se convocaron asambleas ni se aprobaron cuentas, y los donativos, incluidas cuotas de "afiliación" que redirigían a la entidad ficticia Asoma, no se destinaron íntegramente a los afectados por la DANA.

Esta opacidad se enmarca en un entramado más amplio, donde Revuelta opera como satélite de HazteOír, considerada por sentencias judiciales e informes eclesiásticos como una "tapadera" de El Yunque, la secta mexicana de extrema derecha que sse infiltra en estructuras políticas y religiosas para imponer agendas ultraconservadoras, con Hernández recibiendo premios de HazteOír en 2025 y utilizando fondos para campañas conjuntas, como viajes a EE.UU. para acciones de esta organización.

El propio Jaime Hernández es un veterano militante de HazteOír, captado por esta asociación ultracatólica a los 11 años y mano derecha de su líder Ignacio Arsuaga (señalado como miembro de la secta El Yunque) durante más de una década, según su trayectoria pública y vínculos familiares con el vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal.

La denuncia ante la Fiscalía, presentada el 30 de noviembre, alega "presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas sin derechos asociados", con más de 100.000 euros aún sin destino claro en cuentas bancarias. Elsa Almeda, exportavoz de Revuelta, también dimitió ese día, citando "desencuentros" desde marzo y un "cierre en banda" ante solicitudes de transparencia, en un contexto de tensiones internas que oponen facciones "falangistas" afines a Buxadé contra las más cercanas a El Yunque, como la de Hernández y sus aliados en HazteOír.

Donativos con destinatario 'anónimo'

La respuesta de Revuelta ha sido un contraataque que ha agravado la división: en un comunicado del 6 de diciembre, la entidad presidida por Hernández desmiente las acusaciones como "falsas" y "coordinadas por orden de superiores políticos", alegando "injerencias" de Vox para "apropiarse" de la organización y erosionar su independencia, una deriva que críticos atribuyen a la influencia autónoma de El Yunque a través de HazteOír, que ha financiado y respaldado públicamente a Revuelta pese a las irregularidades. Hernández defendió en un vídeo del 7 de diciembre una auditoría en curso que, supuestamente, avalará su gestión, insistiendo en que los fondos se usaron para "ayudar a afectados por catástrofes y movilizaciones patrióticas", aunque defensores como Marcial Cuquerella, otro vinculado a El Yunque, han salido a respaldarlo en redes, revelando la "coordinación interna" de la secta en estos instantes de crisis.

Críticos internos, como Villarroya, argumentan que esta deriva autónoma responde a "intereses personales" y ha alejado a Revuelta de Vox, mientras el colectivo antifascista Sistema 161 publica investigaciones sobre la falta de asambleas y el registro de la marca "Revuelta" a nombre de Hernández en octubre de 2025, destacando su rol en HazteOír como director de comunicación juvenil y la simbiosis con El Yunque, que ha infiltrado Vox desde su fundación. La ambigüedad en el destino de donativos, recaudados con apoyo de Vox, que incluso pidió aportes europeos vía Buxadé, ha generado indignación entre donantes, que se sienten "engañados" al ver remanentes no entregados un año después de la tragedia, y ha reavivado debates sobre la financiación opaca de redes 'yunqueras' como HazteOír y CitizenGo.

"Muerto el perro, se acabó la rabia"

El escándalo se intensificó con audios exclusivos publicados por El Plural ayer mismo donde Villarroya, hijo de un exalcalde implicado en Gürtel, admite conversaciones con Abascal y Buxadé para "disolver" Revuelta y evitar el escrutinio judicial: "Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia. Que en cuanto disolvamos Asoma, no van a denunciar ni hacer nada". Villarroya, "cagado" ante un posible despido, reconoce que "no se han pagado impuestos" y justifica las injerencias como un "marrón" para "quitar de en medio", aunque niega desvíos y acusa a la cúpula de Revuelta de bloquear auditorías, en un pulso que expone la fractura entre el núcleo voxista y la rama yunquera de Hernández, arraigada en HazteOír y El Yunque.

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Video: elplural.com

Esta revelación dibuja un patrón de encubrimiento: Vox, que inicialmente secundaba convocatorias de Revuelta, ahora se distancia tajantemente. La portavoz Pepa Millán declaró el 9 de diciembre que "Revuelta no forma parte de Vox" y no comentará "vicisitudes internas", mientras el partido contraataca con una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, acusando a Hernández de quedarse con "cientos de miles de euros" vía Asoma y exigiendo su disolución. La Fiscalía admitió a trámite esta denuncia el mismo día, señalando irregularidades como la pasarela de pagos creada con recursos de Vox.

Leña al fuego

Paralelamente, la crisis de Vox se agrava con la querella presentada por Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz y líder de la "rama liberal" que abandonó el partido en 2023 tras las elecciones del 23J. El 8 de diciembre, el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid admitió su denuncia por revelación de secretos contra Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro, del Área de Cumplimiento Normativo de Vox, a quienes acusa de filtrar a la prensa detalles confidenciales de un expediente interno abierto en su contra. El caso remonta a octubre de 2024: tres concejales de Vox en Collado Villalba denunciaron a Espinosa por presunto tráfico de influencias al mediar, ya fuera del partido, en una llamada a la portavoz Ana Isabel de Dompablo para que se reuniera con un empresario interesado en el proyecto urbanístico Cantos Altos. 

Vox impulsó dos denuncias ante la Fiscalía (octubre 2024 y marzo 2025), ambas archivadas por "falta de indicios", pero los detalles saltaron a un diario, con referencias específicas al "canal ético" que solo un círculo reducido conocía. Espinosa, ahora al frente del think tank Atenea y con guiños al PP, interpreta esto como "sabotaje" para dañar su imagen. El juez, por su parte, ha requerido el expediente completo a Vox, incluyendo accesos, lo que podría exponer más fisuras.