Fondos europeos "verdes" invierten 22 millones en empresas armamentísticas israelíes
Elbit Systems, proveedor clave del ejército genocida, recibe respaldo indirecto de programas europeos a priori destinados a políticas "ambientales y sociales".
La inversión europea en fondos con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ha triplicado su exposición a empresas del sector armamentístico israelí, alcanzando al menos 22 millones de euros en compañías como Elbit Systems, según revela El País. Esta firma, principal proveedor de drones y sistemas de mortero para el Ejército israelí, promociona productos como el mortero Ballesta o los drones Hermes 900 y 450, diseñados para "ataques quirúrgicos" y desplegados durante el genocidio en Gaza desde octubre de 2023.
El discurso de la industria bélica israelí ha penetrado en instituciones comunitarias europeas, donde tecnologías "dual use" (civil y militar) se presentan como "innovaciones sostenibles". Aunque la UE prohíbe financiar armas directamente, programas como Horizon Europe y fondos del Banco Europeo de Inversiones permiten inversiones en startups y proyectos de investigación con vínculos militares. Empresas como Elbit e Israel Aerospace Industries (IAI) han recibido millones de euros "en desarrollo" de este modo, que terminan en aplicaciones bélicas.
Críticos denuncian que proveedores de datos ESG reclasifican compañías tras ligeros cambios en su producción, excluyéndolas de listas de "municiones controvertidas" y permitiendo su inclusión en categorías "verdes". Elbit, por ejemplo, fabrica drones que forman la "columna vertebral" del ejército genocida, incluyendo vigilancia y ataques en zonas densamente pobladas. Organizaciones palestinas y redes europeas como ECCP critican desde hace años esta financiación indirecta, que viola a priori las normas comunitarias contra armamento letal, pero con el que se hace la vista gorda.
Analistas señalan que el lobby israelí ha logrado calar en Bruselas, presentando innovaciones militares como avances en seguridad global. Casos concretos incluyen colaboraciones con universidades israelíes y startups relacionadas con el ejército, que reciben fondos europeos para IA o "ciberdefensa". Esto no solo cuestiona la coherencia de políticas ESG, sino que alimenta acusaciones de complicidad en violaciones de derecho internacional.
