La detención de cuatro personas en Gran Canaria ha expuesto una nueva red de explotación sexual de menores tuteladas, un caso que reabre el debate sobre el fallido sistema de protección del archipiélago. Las víctimas residían en centros de acogida gestionados directamente por el Gobierno de Canarias.

La investigación encontró pruebas de una trama que captaba a las jóvenes en situación de vulnerabilidad para "ofrecerlas" en "encuentros sexuales" a adultos, algunos vinculados al narcotráfico y a redes de compraventa de vehículos de lujo. En varios registros, dos en Las Palmas y dos en Santa Lucía de Tirajana, los agentes hallaron un revólver, drogas y material sexual informático.

La magnitud del caso escandaliza, pero no sorprende: no es la primera vez que aparecen redes de abuso dentro de los propios sistemas de tutela. En 2024, una investigación similar desmanteló una red internacional que traficaba con menores desde Lanzarote hacia el Estado francés, aprovechando su estancia previa en los centros públicos.

Organizaciones de derechos humanos acusan al Gobierno canario de negligencia estructural. “No son fallos aislados: es una cadena de desprotección institucional”, señala una fuente del colectivo Ben Magec. El Ejecutivo canario ha prometido una auditoría “exhaustiva”.