La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en el Estado español
La reforma aprobada en la era Rajoy eleva a 38 años y 3 meses cotizados para el 100% de la pensión, con vistas a 2027, cuando la edad suba a los 67 años.
Desde el 1 de enero de 2026, los ciudadanos del Estado español que deseen acceder al 100% de su pensión contributiva deberán haber cumplido al menos 66 años y 10 meses si cuentan con menos de 38 años y 3 meses cotizados, un incremento de dos meses respecto a 2025. Esta medida forma parte del calendario transitorio de la reforma de pensiones aprobada en 2011 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que eleva progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2027, prolongando así la vida laboral de millones de trabajadores.
Para quienes alcancen los 65 años en 2026, el requisito de cotización mínima para jubilarse sin penalización se mantiene en 38 años y 3 meses, sin variación respecto al año anterior. El umbral definitivo se alcanzará en 2027, con 38 años y 6 meses cotizados.
Este año también arranca el "régimen dual" de cómputo de la pensión, introducido en la reforma de 2023 impulsada por José Luis Escrivá. De forma progresiva hasta 2037, los futuros pensionistas podrán optar entre los últimos 25 años cotizados (sistema actual) o los 29 últimos, descartando los 24 meses peores (dos años). En 2026, la nueva alternativa se aplicará sobre 304 meses (unos 25,33 años), con descarte de solo dos meses. Aunque se presenta como una mejora para las carreras irregulares, expertos señalan que este alargamiento del periodo de referencia podría reducir la base reguladora en muchos casos, especialmente para trabajadores con salarios más bajos o trayectorias precarias al final de su vida laboral.
Además, entra en vigor un nuevo incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que eleva la cotización adicional al 0,9% (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% del trabajador), en ruta hacia el 1,2% en 2029 para financiar el pico de jubilaciones del baby boom. Esta sobrecotización, que no genera derechos adicionales para la pensión individual, supone una merma directa en el salario neto de los trabajadores, de alrededor de 40-50 euros anuales para un sueldo medio, afectando particularmente a la clase trabajadora con rentas modestas, que ya enfrenta mayor precariedad y dificultades para llegar a la edad de retiro en condiciones de salud óptimas.
