El Gobierno peruano ha emitido un decreto de urgencia que autoriza la "reestructuración" de la estatal Petroperú, permitiendo la entrada de capital privado en activos clave para garantizar su "autosostenibilidad". La norma, firmada por el presidente Jose Jerí, faculta dividir la compañía en uno o varios "bloques", incluyendo la moderna refinería de Talara cuya mejora costó 6.500 millones de dólares y seis lotes petroleros con producción limitada, además de su red de comercialización y distribución de combustibles.

La medida responde, según el Gobienrno, a una situación financiera "particularmente sensible": pérdidas acumuladas de 479 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025 y deudas con proveedores por 764 millones. El sobrecoste de Talara, más del doble del presupuesto inicial, precipitó la pérdida del "grado de inversión" en 2022. Desde entonces, Petroperú ha recibido inyecciones estatales por 5.300 millones entre 2022 y 2024.

Críticos ven en la decisión un paso hacia la privatización encubierta de un símbolo del control estatal energético peruano, creado en los 60 para poder mantener su "soberanía petrolera". La refinería Talara, joya tecnológica capaz de procesar crudos pesados y producir combustibles limpios, a acaparado la atención de inversores privados. El decreto marca un giro ideológico en Perú, donde los gobiernos previos se resistieron a la privatización de la empresa pública.