La Diputació de València y la Conselleria de Educació, Cultura y Esport han concedido entre 2024 y 2025 más de tres millones de euros en subvenciones para reparaciones en edificios parroquiales propiedad de la Iglesia Católica: 1,2 millones desde la corporación provincial y 1,8 desde el Gobierno autonómico. Las ayudas cubren desde sustituciones de cubiertas y reparaciones de fachadas hasta restauración de pinturas y recolocación de azulejos, en un contexto donde las diócesis españolas declararon un superávit superior a 133 millones de euros el año pasado.

La asignación de fondos públicos a patrimonio privado eclesiástico reaviva la polémica sobre el trato privilegiado a la institución católica, especialmente respecto a los miles de inmuebles inmatriculados en secreto entre 1946 y 2015 mediante mera certificación diocesana, sin título de propiedad previo. Muchas parroquias, ermitas y terrenos se erigieron históricamente con aportaciones vecinales y cesiones municipales gratuitas, pero pasaron al dominio pleno de la Iglesia sin compensación ni revisión estatal hasta la reforma legal de 2015, aunque muchos siguen bajo su dominio.

El caso valenciano ilustra un patrón extendido: instituciones autonómicas y locales priorizan la conservación de bienes eclesiásticos, argumentando su "valor cultural" sobre otras necesidades sociales, en un momento de crisis. La ausencia de exigencia de coparticipación económica o revisión de inmatriculaciones alimenta acusaciones de sumisión institucional y uso indebido de fondos públicos.