Países Bajos ha implantado este año una reforma radical en su sistema de pensiones ocupacionales, el más grande de la Unión Europea, con cerca de 2 billones de euros bajo gestión, despidiéndose del esquema de "prestación definida" que prometía cantidades fijas garantizadas a los jubilados.

La Ley del Futuro de las Pensiones, aprobada en 2023, introduce desde el 1 de enero de 2026 un modelo de "contribución definida" donde cada trabajador acumula derechos en una cuenta personal cuyo saldo final depende de las cotizaciones realizadas y la rentabilidad de las inversiones en mercados financieros. De Nederlandsche Bank (DNB), el banco central neerlandés, explica que el sistema anterior "se había tornado inviable ante tipos de interés persistentemente bajos, un envejecimiento acelerado de la población y un mercado laboral fragmentado con mayor precariedad".​

En el nuevo marco, los fondos de pensiones ya no asumen compromisos rígidos de pago futuro, similar al sistema español de reparto puro. Cada cotizante gestiona su propio "ciclo de vida inteligente": los más jóvenes invierten en activos volátiles y de alto rendimiento, como acciones globales, mientras los próximos a la jubilación "transitan gradualmente a carteras conservadoras" con bonos y renta fija para mitigar riesgos. La reforma afecta a millones de trabajadores y pensionistas, con un ajuste gradual hasta 2028 para "evitar disrupciones abruptas".​

El impacto trasciende fronteras: los fondos neerlandeses, que duplican el PIB del país y superan ampliamente el del Estado español, ya no necesitan acumular masivamente bonos soberanos a largo plazo ni derivados de cobertura para respaldar promesas fijas. Expertos de la UE la ven como modelo exportable: París y Berlín estudian sistemas híbridos similares, mientras Madrid debate su replicabilidad.