La banca francesa Société Générale, que presume públicamente de combatir "todas las formas de discriminación", ha sido señalada por exigir a candidatos a puestos internacionales información altamente sensible sobre su orientación sexual, identidad de género, origen étnico ("color de piel") y afiliación política. El semanario satírico Le Canard enchaîné destapó el caso el 24 de diciembre de 2025, y el lunes 29 las asociaciones Mousse y Stop Homophobie presentaron una denuncia contra X ante la Fiscalía de París por vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El cuestionario, alojado en la plataforma socgen.taleo.net utilizada para ofertas internas y externas en el extranjero, incluye preguntas como "¿Se identifica como miembro de la comunidad LGBTQ+?". También exige la identificación con "grupos étnicos" mediante categorías como "europeo", "medio oriente/árabe", "asiático del este", "asiático del sur", "negro o afroamericano", "blanco" o "hispánico o latino"; y preguntas sobre militancia política, solicitando incluso el nombre de la organización y el cargo ocupado.

El abogado de las asociaciones denunciantes, Étienne Deshoulières, argumenta que estas prácticas violan el RGPD, que prohíbe expresamente la recopilación de datos sobre origen, orientación sexual o convicciones políticas salvo excepciones muy restrictivas. "En materia de selección, la información debe ser estrictamente necesaria y tener vínculo directo con el puesto", subrayó. 

Represalias y casos previos

El escándalo se agrava con la represalia contra el denunciante interno: un directivo de la región de Lyon que, en enero de 2025, alertó a Recursos Humanos sobre el carácter "ilegal y discriminatorio" del formulario. Tras su señalamiento, fue repentinamente trasladado, suspendido y finalmente despedido en verano con una lista de "faltas graves". Según Le Canard enchaîné, le retiraron material corporativo delante de amigos y clientes, en un procedimiento sumamente humillante.

Société Générale fue condenada en septiembre de 2025 por la Corte de Apelación de París por discriminación racial, de género y acoso moral contra una exempleada racializada, según Mediapart. Las asociaciones exigen ahora transparencia total sobre el alcance del cuestionario (número de candidatos afectados, países, duración de conservación) y eventuales sanciones penales.

El caso llega en un contexto de discriminación laboral estructural en el Estado Francés. El último barómetro del Defensor de los Derechos y la OIT, del 10 de diciembre, revela que más de la mitad de los candidatos racializados sufren exclusión. Las mujeres son discriminadas por su "situación familiar" en un 24% de los casos, y aquellos candidatos abiertamente miembros del colectivo LGBTI+ tienen casi el doble de riesgo de no ser contratados.