Desalojan a una mujer de 71 años de su barco en Las Palmas
Agentes expulsan del Muelle Deportivo a Margarita, que cobra una pensión de 600 euros, reabriendo el debate sobre la vivienda y la situación de personas que se ven obligadas a vivir en embarcaciones.
La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Portuaria, procedió este martes al desalojo de Margarita, una mujer de 71 años, de la embarcación que constituía su vivienda habitual desde hacía cinco años en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención, autorizada judicialmente como desahucio administrativo, se desarrolló tras un diálogo de casi una hora y contó con un despliegue de varios vehículos, según informó la Cadena SER. Antonio Pérez, portavoz de la plataforma Mi Barco, Mi Casa, que reúne a personas que viven en situación similar, expresó su malestar por la situación: "Hoy es un día triste, porque a una persona vulnerable la acaban de sacar de su domicilio".
El caso de Margarita ha vuelto a generar indignación sobre una realidad que involucra a aproximadamente 200 personas que residen en sus barcos en dicho muelle canario. Muchas de ellas habrían recibido notificaciones de desahucio. Desde la plataforma señalaron que Margarita no formaba parte de su organización "por desconocimiento". Pérez indicó que "lo ocurrido hoy puede repetirse con otros residentes del muelle". Los representantes de los afectados han cuestionado los motivos técnicos alegados para los desalojos por parte de las autoridades, como "problemas de flotabilidad o salubridad".
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, explicó que la medida se adoptó por "razones de seguridad y el incumplimiento de la normativa portuaria". En declaraciones a la Cadena SER, Calzada detalló que el expediente se inició en abril de 2023 al detectarse que la embarcación "no tenía mástil, no tenía motor y presentaba daños estructurales que suponían un peligro". Subrayó que la Ley de Puertos del Estado "no ampara la residencia permanente" en estas instalaciones de uso público y que se trata de un "desahucio administrativo autorizado judicialmente". Asimismo, afirmó que "se avisó a los servicios sociales municipales ante la posibilidad de que la mujer se quedara sin alternativa habitacional", un hecho que no ha supuesto ningún impedimento para proceder con la expulsión.
La situación posterior al desalojo deja a Margarita, cuya pensión es de 600 euros, sin su vivienda habitual y con la dificultad añadida de asumir el coste de aproximadamente 4.000 euros para recuperar su embarcación, que fue remolcada por la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informó de que "trabaja para ofrecerle una alternativa habitacional de emergencia", sin ofrecer más detalles al respecto.
