El 'New York Times' reconoce el papel de las sanciones de EE.UU. en la economía venezolana
“Se diseñaron para dañar la economía y provocaron una crisis humanitaria” asegura el diario, mientras las inversiones estadounidenses en el país siguen bloqueadas.
Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela “se diseñaron para dañar la economía del país” y “aplastaron la economía venezolana y provocaron una crisis humanitaria”, reconoce The New York Times en un reportaje publicado el pasado 23 de enero. El diario señala que, pese a los intentos del presidente Donald Trump de atraer inversión privada, más de 400 restricciones del Departamento del Tesoro siguen vigentes y continúan limitando cualquier actividad económica o empresarial en el país latinoamericano.
Según el análisis citado por el periódico, las sanciones comenzaron en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, dirigidas inicialmente a altos cargos venezolanos acusados de "violaciones de derechos humanos", y se ampliaron de forma sustancial durante el primer mandato de Trump, cuando se impusieron restricciones amplias a los sectores petrolero y financiero. El propio New York Times afirma que esta campaña de sanciones tuvo como objetivo presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, pero terminó provocando un colapso económico generalizado y una crisis humanitaria que acabó pagando el pueblo trabajador venezolano.
El diario detalla que las restricciones son tan extensas que incluso recopilar información técnica básica puede suponer un riesgo legal para las empresas. Un ejecutivo citado por el NYT expresó su preocupación de que el mero hecho de solicitar datos a la petrolera estatal venezolana PDVSA pudiera violar las sanciones. Actualmente, cualquier empresa interesada en operar en Venezuela debe solicitar licencias temporales al Departamento del Tesoro, que pueden tardar meses en concederse, durar poco tiempo y ser retiradas en cualquier momento, lo que introduce una elevada incertidumbre para inversiones a largo plazo.
El reportaje subraya que la situación se agravó tras la designación en 2025 del llamado Cártel de los Soles como “terrorista global especialmente designado”, una figura legal que, según el New York Times, expone a las empresas no solo a sanciones económicas, sino a posibles cargos penales. Posteriormente, las propias autoridades estadounidenses reconociero que no existe tal organización. Expertos citados por el diario, como Dawson Law, Emily Kilcrease y Daniel Tannebaum, coinciden en que este marco jurídico fomenta un “cumplimiento excesivo” y disuade a las compañías de operar en Venezuela, incluso en escenarios de cambio político.
