Hacienda estudia otro regalo fiscal para la patronal a cambio de pagar por encima del SMI
El Gobierno español propone permitir a las corporaciones ahorrarse el 100% del coste de la subida salarial con desgravaciones fiscales.
El Ministerio de Hacienda del Gobierno español, en coordinación con el de Trabajo, ha diseñado un mecanismo de bonificación fiscal que supone una transferencia masiva de fondos públicos a las grandes empresas; otra más. Según la propuesta filtrada al diario El País, el Gobierno permitirá a la burguesía deducirse hasta el 100% del coste de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en su impuesto de sociedades, a cambio de incrementar marginalmente el número de contratos por encima de ese mínimo.
El incentivo, presentado como fórmula para lograr un "acuerdo" con las patronales CEOE y Cepyme, exige sin embargo que los gastos de personal superen el 70% del total y que las empresas mantengan los salarios sólo durante dos años, un plazo que no garantiza el poder adquisitivo de la clase obrera ante la inflación.
La escala de la deducción es regresiva y beneficia principalmente a las grandes corporaciones. Para acceder a la bonificación completa, una empresa debe aumentar en más de un 15% su plantilla con sueldos superiores al SMI, una condición que no alcanzan ni las pymes y micropymes, que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo del Estado español.
Paralelamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado de plano la demanda histórica de sindicatos de recuperar la indexación de los salarios al SMI en la contratación pública, una medida que habría blindado los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras vinculados a servicios públicos. Hacienda justificó el veto por el "elevado coste para las arcas públicas". De indexar el SMI a los salarios en el sector privado ni se habla.
A pesar de todo, la propuesta parece tener tantas lagunas que ni siquiera ha sido recibida con buenos ojos en el lado empresarial. La negociadora de CEOE, Rosa Santos, calificó las condiciones de "inasumibles". Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT, aliados del Gobierno, señalaron que los beneficios fiscales "no entran dentro de su ideología", aunque se mostraron dispuestos a negociarlos si servían para que la patronal aceptara la subida del SMI a 1.221 euros, un aumento del 3,1% que sigue situando el mínimo por debajo del umbral de la pobreza para muchos hogares.
En general, la propuesta evidencia que la prioridad del Ejecutivo no es la redistribución de la riqueza, sino la conciliación con el capital a través de exenciones tributarias financiadas con dinero público, como acaba de hacer en el mercado del alquiler.
