La Fiscalía pide 51 años a un guardia civil por extorsión, robos y abusos en la Cañada Real
Una mafia policial usó bases de datos oficiales para chantajear con 500 euros semanales a vecinos, robaron cocaína y relojes de lujo, y acumularon chalecos y mascarillas de dotación en sus casas.
La Fiscalía de Madrid solicita 51 años y 10 meses de prisión para uno de los tres guardias civiles acusados de dirigir una trama delictiva desde su puesto en la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). Según los escritos de acusación a los que accedió El Independiente, los agentes cometieron al menos 23 delitos en la Cañada Real Galiana, "abusando del ejercicio de su cargo" para extorsionar, robar y agredir a vecinos.
La investigación judicial detalla un sistema de extorsión basado en el acceso ilegal a bases de datos policiales. El agente J.A. localizó a Javier J., quien tenía una orden de ingreso en prisión, y le exigió 500 euros semanales "a cambio de no denunciarlo", sumando 8.000 euros. Para presionarle, envió a un colaborador un pantallazo con datos internos y el mensaje: "Dile a Javier de los cojones que... si no hago una nota informativa y le rompo la cara". La Fiscalía subraya que omitieron deliberadamente ejecutar órdenes judiciales para mantener el chantaje.
El patrón incluyó robos directos durante intervenciones. J.A. se apoderó de 4 y luego 6 gramos de cocaína amenazando a una consumidora con su arma, y golpeó a otra mujer para quitarle 15 gramos de cocaína y 20 euros. En registros domiciliarios en Collado Mediano y Getafe, los agentes sustrajeron 200 euros, joyas como una pulsera Pandora de 80 euros y varios relojes de lujo, entre ellos tres de la marca 'Hublot', que intentaron vender.
El registro en la vivienda del principal acusado en Rivas Vaciamadrid decomisó un botín de material oficial del instituto armado: tres chalecos antibalas, cajas de mascarillas quirúrgicas y KN95, gel hidroalcohólico, etilómetros y botiquines, todo "prohibido para uso particular". También se halló una denuncia falsificada con sello oficial robado. Otro agente, Ó.M., amenazó de muerte a un vecino con su arma y cometió abuso sexual por tocamientos a una mujer. La Fiscalía pide para los otros dos acusados cinco y cuatro años de prisión.
