Venta 'en negro' de pisos protegidos en Alacant: hasta 223.000 euros fuera de contrato
Interesados en viviendas VPO de la promoción Les Naus relatan el escándalo urbanístico: "Me pedían 227.000 euros más 223.000 en negro; 'esto es España', me dijeron en la inmobiliaria".
Varias personas que trataron comprar viviendas "protegidas" en la sospechosa promoción Les Naus de Alacant (País Valencià) relatan que algunas inmobiliarias les exigieron pagos en dinero negro para sortear el tope legal del precio de venta fijado por la Generalitat. Según detallan dos potenciales compradores por separado, las cantidades solicitadas fuera de contrato oscilaban entre los 180.000 y los 223.000 euros, además del importe máximo permitido legalmente, situado en torno a los 227.000–230.000 euros, tal y como recogen los testimonios publicados este martes por el diario Información.
Una de las afectadas explica que el 20 de agosto llamó preguntando por un anuncio de un "piso protegido" ofertado en un portal inmobiliario y que la agente inmobiliaria le indicó que debía abonar “227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro”. Al pedir confirmación, la comercial le respondió que “esto es España” y que si quería comprar, debía aceptar esas condiciones. La mujer asegura que otros familiares contactaron después con la misma inmobiliaria y recibieron exactamente la misma propuesta.
Otro vecino interesado en la promoción explica que detectó anuncios de alquiler y venta de viviendas protegidas en portales inmobiliarios durante el verano, pese a tratarse de VPO destinadas a primera vivienda. Tras visitar uno de ello, aún “a estrenar” y sin suministro eléctrico, la inmobiliaria le planteó formalizar la operación por el precio máximo legal y completar la transacción mediante un contrato privado y un pago en efectivo de 180.000 euros antes de acudir a firmar. El comprador señala que el inmueble figuraba a nombre de una adjudicataria que, según la agencia, debía vender “por motivos laborales”, lo que le generó dudas.
El diario ha constatado además la existencia de al menos tres anuncios de venta de viviendas de Les Naus con precios de entre 411.900 y 520.000 euros, posteriormente rebajados o retirados, en los que se publicitaban como “VPO” ubicadas en una “urbanización exclusiva” o un “complejo residencial premium”.
Todos estos hechos se suceden en un contexto que ya se encuentra bajo investigación administrativa. El pasado 31 de enero dimitieron la concejala de Urbanismo de Alacant, Rocío Gómez (PP), y la directora general municipal de Contratación, María Pérez-Hickman, tras revelarse que ambas —y, en el segundo caso, también sus hijos— resultaron adjudicatarias de viviendas en Les Naus. Toda una "curiosidad" estadística, puesto que se trataba de la primera promoción protegida en la ciudad en más de 20 años. La oposición municipal ha anunciado denuncias ante la Fiscalía y la Agencia Antifraude de la Generalitat, denunciando la falta de mecanismos transparentes de adjudicación y el papel del Ayuntamiento y de la administración autonómica en el control del proceso, mientras el alcalde Luis Barcala (PP), que gobierna con el apoyo de Vox, se ha limitado a anunciar una "investigación interna".
