Italia retrasa su decreto de “seguridad” por objeciones de la Presidencia, pero mantiene las medidas más represivas
El Gobierno de Meloni retoca algunos aspectos del texto para evitar un choque institucional, aunque conserva el arresto preventivo y amplía el escudo penal bajo la “legítima defensa”.
El Gobierno italiano ha aplazado la aprobación de su nuevo paquete de "sicurezza" después de que la Presidencia de la República reclamara tiempo para examinar el contenido y trasladara objeciones de fondo. El Consejo de Ministros previsto para este miércoles se celebrará finalmente este jueves, con un texto de unas 80 páginas dividido entre un decreto ley de aplicación inmediata y un proyecto de ley que seguirá la vía parlamentaria ordinaria. Según informa il Manifesto, el retraso evidencia una negociación previa entre el Ejecutivo y el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para evitar que las medidas sean bloqueadas por vulnerar la Constitución.
Pese a los ajustes introducidos, el Ejecutivo mantiene una de las disposiciones más controvertidas: el arresto preventivo de hasta 12 horas, que se incorporará al decreto. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, explicó en el Parlamento que la medida permitiría actuar contra “sujetos potencialmente peligrosos” de los que “ya se conocen intenciones y hábitos”. Las advertencias de la Presidencia han obligado a limitar su alcance, ya que inicialmente dejaba un margen aún más amplio y discrecional a las fuerzas policiales. Aun así, la medida sigue afectando directamente al derecho de manifestación, al facilitar la exclusión preventiva de personas de protestas y concentraciones, señala il Manifesto.
Escudo penal de la policía
Roma también ha reformulado el denominado escudo penal para las fuerzas de policiales. Dado que la Constitución italiana establece la igualdad ante la ley y no permite privilegios legales para colectivos concretos, el Ejecutivo ha optado por extender esta protección a todos los supuestos de “legítima defensa”. Piantedosi afirmó que se trata de normas para “proteger a los agentes y a todos los ciudadanos, sin crear inmunidades”. Según el análisis publicado por il Manifesto, esta solución introduce una elevada inseguridad jurídica, ya que la “legítima defensa” es una figura que suele generar interpretaciones contradictorias en los tribunales.
Fianzas a manifestaciones, desalojos y tasers
Las tensiones dentro de la coalición gobernante se concentran en otras propuestas impulsadas por la Liga de Matteo Salvini. La idea de imponer fianzas a los organizadores de manifestaciones ha sido rechazada por Forza Italia y, por ahora, no figura en los textos remitidos por el Ministerio del Interior. Sin embargo, Salvini ha anunciado su intención de introducir nuevas medidas, como desalojos generalizados de viviendas ocupadas y una ampliación masiva del uso de pistolas Taser, incluso por parte de policías municipales. Aunque la intervención de la Presidencia ha frenado algunos "excesos", il Manifesto subraya que la orientación general del paquete sigue reforzando el control policial y restringiendo derechos fundamentales.
