La Cámara aprueba el decreto entre cánticos partisanos mientras el Gobierno intenta salvar la ley en un Consejo de Ministros “relámpago”, eliminando el pago exclusivo a abogados para incentivar deportaciones.
La mayoría de derechas impone el rodillo parlamentario en el Senado para aprobar un paquete de medidas que recrudece las penas por protesta social y otorga mayor discrecionalidad policial.
La reforma busca asegurarse el control total del Parlamento italiano mediante un sistema de premios de mayoría que incluso la oposición más moderada califica de "autoritario", "antidemocrático" y "fascista".
El viceprimer ministro anuncia que los cubanos residentes en el exterior podrán ser socios o propietarios de negocios privados en la isla, abrir cuentas en divisas y participar en proyectos de infraestructura.
Introduce un sistema proporcional que premia a la coalición más votada y establece la obligación de indicar el candidato a primer ministro, una maniobra tachada de inconstitucional por los críticos.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel aprueba por primera vez en 60 años un decreto-ley que permite la asociación entre entidades estatales y privadas mediante sociedades nacionales mixtas.
El Gobierno de Meloni retoca algunos aspectos del texto para evitar un choque institucional, aunque conserva el arresto preventivo y amplía el escudo penal bajo la “legítima defensa”.
El Ejecutivo busca aprobar antes del verano un nuevo marco normativo con mayores exigencias para la apertura de universidades, tanto públicas como privadas.
