Meloni acelera la ‘Ley de Seguridad’ entre críticas de inconstitucionalidad
La mayoría de derechas impone el rodillo parlamentario en el Senado para aprobar un paquete de medidas que recrudece las penas por protesta social y otorga mayor discrecionalidad policial.
El Ejecutivo italiano ha activado una ofensiva legislativa para blindar su programa de orden público mediante un nuevo "decreto de seguridad", el cual ha superado este viernes una fase crítica en el Senato tras una sesión maratoniana de once horas. La coalición de gobierno, ante el riesgo de que el decreto decaiga el próximo 25 de abril, ha forzado el calendario parlamentario para votar casi un millar de emiendas presentadas por la oposición. El texto, que ahora se traslada a la Cámara de los Diputados bajo la amenaza de una cuestión de confianza, ha sido tramitado sin relator en comisión, una anomalía que evidencia la urgencia institucional por consolidar este giro autoritario.
El contenido del decreto, denunciado por diversos sectores sociales y jurídicos, amplía sustancialmente el aparato punitivo del Estado contra el disenso, según señala Il Manifesto. Entre las normas introducidas, destaca la extensión de la prohibición de participar en reuniones públicas para personas condenadas por resistencia o daños, así como el endurecimiento de penas por hurtos o desórdenes públicos. La mayoría gubernamental ha incluido también órdenes del día para dotar a las fuerzas policiales de pistolas de aire comprimido con spray de pimienta y proyectiles de pintura para "marcar" a sujetos considerados "peligrosos" durante las protestas, una medida de control social que ha despertado alarmas sobre la integridad física de los manifestantes.
El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ha respondido críticamente, aunque no vinculante, en el que advierte que el decreto "incide sobre el núcleo esencial de libertades fundamentales". El organismo judicial señala especialmente la figura del "fermo preventivo", que permite a la policía retener a ciudadanos hasta doce horas durante manifestaciones basándose en meros indicios o "estados de hecho", sin obligación de justificar el acta. Según el CSM, este mecanismo otorga "márgenes excesivamente discrecionales" a los agentes y colisiona con el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, situando la legislación italiana en un punto constitucionalmente sensible.
La tramitación ha estado marcada por las tensiones internas en el bloque de la derecha, donde la Liga y Fratelli d’Italia han competido por endurecer los artículos referentes a los desalojos de segundas viviendas y la exclusión de indemnizaciones a familiares de víctimas de delitos. Estas propuestas, que rozan la inconstitucionalidad según expertos jurídicos, fueron finalmente transformadas en órdenes del día para salvar la votación. Mientras tanto, las minorías parlamentarias han anunciado un bloqueo total en la Cámara de los Diputados, calificando el procedimiento de "imposición sobre la imposición" y denunciando la falta de diálogo parlamentario en la elaboración de leyes que afectan directamente a la seguridad jurídica de la población.
La aceleración de este decreto sitúa su aprobación definitiva a escasas horas de la conmemoración del 25 de abril, aniversario de la Liberación de Italia. La coincidencia temporal no es casual para las organizaciones de derechos civiles, que ven en este paquete legislativo un intento de desmantelar el derecho a la protesta y fortalecer los aparatos represivos del Estado en un momento de creciente conflicto derivado de la desigualdad. De completarse el trámite bajo la modalidad de seduta fiume (sesión ininterrumpida) y mediante el uso de la confianza, el Gobierno entregará al presidente Sergio Mattarella un texto que, según la oposición, prioriza la criminalización de la pobreza y la disidencia.
