La UE acuerda endurecer aún más su política migratoria
El Consejo y la Eurocámara pactan ampliar los periodos de detención hasta los dos años, formalizar la creación de campos de concentración en terceros países y reforzar la agencia Frontex.
Las instituciones de la Unión Europea han dado un paso decisivo hacia un mayor endurecimiento de sus políticas migratorias comunes. Tras dos meses de negociaciones a puerta cerrada, la presidencia chipriota del Consejo y los representantes del Parlamento han alcanzado este lunes un acuerdo definitivo sobre el nuevo reglamento de 'retornos'. Esta normativa, diseñada para acelerar los tiempos y elevar el número de expulsiones de personas en situación irregular, dotará por primera vez de cobertura legal a la creación de centros de deportación en terceros países. El marco jurídico respalda de este modo modelos de externalización migratoria similares al ya implementado por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania, permitiendo que estos campos de concentración se gestionen de forma bilateral o a escala de toda la Unión para retener a los migrantes mientras se tramita su repatriación definitiva.
Los Estados miembros dispondrán de un plazo de 12 meses para aplicar el nuevo reglamento, pero el aval legal a la externalización de los centros de deportación y el incremento del apoyo a la agencia europea de control de fronteras Frontex comenzarán a aplicarse de manera inmediata tras la publicación oficial. La normativa fija el 1 de julio de 2027 como fecha límite para que cualquier país de la Unión reconozca y ejecute automáticamente las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro.
Autoexpulsión o 2 años de reclusión, niños incluidos
La nueva legislación introduce una serie de obligaciones estrictas para los demandantes de asilo, quienes estarán obligados por ley a "cooperar con las autoridades competentes para agilizar su proceso de expulsión en caso de recibir una resolución negativa". Si "se detecta falta de cooperación o riesgo de fuga", el reglamento faculta a las autoridades a dictar plazos de detención preventiva de hasta 24 meses. Estas medidas de secuestro podrán aplicarse también "de forma excepcional" a familias con niños y a menores no acompañados.
Esta normativa constituye la última pieza de la reforma estructural del bloque, cuyo pilar principal, el Pacto Migratorio y de Asilo, entrará formalmente en vigor el próximo 12 de junio, complementado por la reciente revisión del concepto de "tercer país seguro" adoptada a principios de este año.
El viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, ha manifestado al término de la reunión que este reglamento "representa la pieza que faltaba para consolidar la arquitectura migratoria de la Unión". Según los últimos datos oficiales publicados por Eurostat correspondientes al cierre de 2025, en el territorio de la Unión Europea residían 719.395 personas en situación irregular, lo que supuso un descenso del 21,7% respecto al año anterior.
