En una jornada de máxima tensión que ha fracturado el Parlamento italiano, el Gobierno de Giorgia Meloni ha convertido hoy en ley su controvertido paquete de "seguridad" con 162 votos a favor. La sesión ha culminado con una imagen de alto voltaje político: la oposición en pie, entonando el Bella Ciao y alzando ejemplares de la Constitución para denunciar lo que consideran un atropello liberticida en la víspera del 25 de abril, aniversario de la liberación del fascismo. Mientras los diputados cantaban, el Ejecutivo ejecutaba una pirueta jurídica desesperada: un Consejo de Ministros "relámpago" aprobaba simultáneamente un decreto de corrección para intentar desactivar el choque directo con la Jefatura del Estado, de acuerdo con la agencia ANSA.

La maniobra del Gobierno busca salvar la norma ante el Presidente Sergio Mattarella, quien ya había advertido que la ley nacía muerta por sus vicios inconstitucionales. El Ejecutivo ha tenido que recular en el punto más escandaloso: el pago de "primas" de 615 euros a abogados por lograr que sus clientes migrantes aceptaran ser expulsados. En la nueva redacción aprobada de urgencia, se elimina la exclusividad de los abogados —ampliando el cobro a otros mediadores— y se desvincula el pago del "éxito" de la repatriación. Se trata de un intento de borrar el rastro de un incentivo que convertía la defensa jurídica en un brazo de la maquinaria represiva de deportación del Estado.

"Cantamos Bella Ciao porque este Gobierno aprueba una ley anticonstitucional que golpea el derecho al dissenso", ha sentenciado la vicepresidenta del PD, Chiara Gribaudo. Por su parte, Nicola Fratoianni (AVS) tildó de "hipocresía" los ataques de la derecha al himno partisano, recordando que la mayoría de Meloni pretende criminalizar el antifascismo mientras rehabilita figuras del negro pasado fascista de Italia. Para la oposición, este decreto no es más que la "certificación de una quiebra": el cuarto paquete de "seguridad" en cuatro años que solo ofrece nuevos delitos y penas más altas como respuesta a problemas sociales profundos.

En el ala derecha de la Cámara, un Matteo Salvini visiblemente satisfecho ha calificado la jornada como "un día de alegría", despreciando las protestas como un "festival de canto". Sin embargo, detrás de la retórica de la "mano dura", el Ejecutivo deja un escenario de caos institucional sin precedentes. Al votar una ley que ellos mismos han tenido que corregir minutos después mediante un decreto externo, la mayoría de Meloni ha evidenciado que prefiere el impacto de la propaganda punitiva sobre el rigor constitucional, dejando en manos de los tribunales un texto que el propio Presidente del Constitucional ya ha sugerido que será "examinado con lupa".