El parlamento cubano ratifica las reformas económicas

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el pasado viernes un amplio paquete de reformas estructurales integradas en el Programa Económico y Social para el 2026. Esta iniciativa, planteada ante los medios estatales de televisión y recogida por Cubadebate, buscaría dar respuesta a la severa crisis de desabastecimiento y colapso energético que atraviesa la isla a causa del criminal bloqueo estadounidense.

Según las declaraciones de Díaz-Canel, entre las principales directrices destaca la ampliación de las actividades permitidas para las empresas estatales, mipymes y cooperativas, limitando al mínimo las prohibiciones con el objetivo de “impulsar productivamente el país, crear riqueza, y distribuir esa riqueza con justicia social”. Asimismo, el plan gubernamental estipula eliminar la obligatoriedad de recurrir a intermediarios estatales para las operaciones de comercio exterior, lo cual se complementará con la eliminación de trabas administrativas para “incentivar la inversión extranjera directa” en la isla.

El sector turístico también sufrirá cambios, mediante la inclusión de nuevos actores y modalidades operativas, una estrategia diseñada para aprovechar la infraestructura hotelera frente a la retirada de algunas grandes cadenas debido a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, se autorizarán proyectos de inversión impulsados por cubanos residentes en el exterior, y se otorgará una “robusta autonomía” a los municipios para gestionar sus ingresos en divisas, promover inversiones y ejecutar operaciones comerciales directas en función de su desarrollo local.

Para “optimizar la gestión” del país, se implementará una reestructuración en el aparato del Estado y del Gobierno que implicará una reducción importante de ministerios y cargos públicos, cuyos ahorros presupuestarios se destinarán a apoyar programas sociales y a “avanzar hacia una reforma salarial en el sector presupuestario”. A su vez, la reforma prevé dotar de mayor autonomía a la Empresa Estatal Socialista, permitiéndole operar en el mercado cambiario, realizar alianzas con cualquier actor económico y diseñar sus propios sistemas de salario a partir de sus ingresos, al tiempo que se avanzará gradualmente en la eliminación de subsidios a productos para sustituirlos por el subsidio directo a personas en situación de vulnerabilidad.

Estas reformas se enmarcan en un contexto de fuerte agresión multidimensional por parte de Washington, cuya administración ha intensificado el cerco energético, permitiendo la entrada de solo un barco de petróleo a la isla en los últimos cinco meses y ha realizado varias acciones de amedrentamiento del Gobierno cubano, tales como la imputación formal de Raúl Castro o el aumento de las sanciones. Díaz-Canel denunció estas acciones como una política injerencista acompañada de una “guerra psicológica para amedrentarnos”, y rechazó firmemente la retórica de catalogar a Cuba como un Estado fallido, resaltando que “un país en esa condición no habría podido sostenerse ni funcionar ante tales presiones”. Dos días antes de la adopción de las reformas, el presidente cubano reafirmó en el parlamento que “Las medidas que planteamos son de emergencia, para poder avanzar en la defensa del socialismo”, “Si no hay riqueza, no hay nada que redistribuir”, “La riqueza la tenemos que producir nosotros, si no, no hay justicia social” añadió.