El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las medidas coercitivas contra Cuba mediante el anuncio este jueves de un nuevo paquete de sanciones que afecta directamente al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, a su entorno familiar y a la alta esfera militar del país. El Departamento de Estado de EEUU detalló que estas "restricciones" se aplican en virtud de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo. Entre las personas incluidas en la lista de sanciones se encuentran la esposa del mandatario cubano, Lis Cuesta Peraza; su hijo, Manuel Anido Cuesta; el exjefe de los servicios de inteligencia e hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín; y el hijo de este último, Raúl Castro Calis. Por el contrario, la Administración estadounidense ha excluido de estas medidas a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien ha mantenido conversaciones directas con representantes de Washington durante las últimas semanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, trató de justificar la adopción de estas medidas señalando que La Habana "opera como una base avanzada para la desestabilización política y la seguridad nacional estadounidense en el hemisferio occidental". Bajo esta excusa, la disposición federal bloquea de manera inmediata los activos y participaciones mayoritarias del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, afectando a sus empresas subsidiarias y a aquellas entidades donde comparta propiedad con el Grupo de Administración Empresarial (GAESA) o el Ministerio del Interior. Esta presión institucional se suma al impacto económico derivado del recrudecimiento de bloqueo de principios de mayo, que ha motivado la salida del mercado cubano de firmas internacionales de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, así como de las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar.

Este escenario de asfixia económica coincide con las declaraciones realizadas por el propio Marco Rubio el pasado martes día 2, ante el Senado de Estados Unidos. Durante su comparecencia en Washington, el jefe de la diplomacia norteamericana calificó a Cuba de "Estado fallido" y aseguró que el sistema político de la isla es "incapaz de ejecutar reformas estructurales serias bajo la actual dirección". Aún así, el funcionario estadounidense admitió la existencia de canales de comunicación activos entre delegaciones diplomáticas, de inteligencia y militares de ambos países.

La respuesta oficial de La Habana se produjo el miércoles, por medio del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. El canciller cubano acusó formalmente a Marco Rubio de falsear la realidad ante el Congreso de su país con el propósito deliberado de "provocar una crisis humanitaria generalizada que sirva de pretexto para una intervención militar extranjera" en el territorio cubano. Rodríguez rechazó categóricamente los argumentos utilizados para reincorporar a Cuba en la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo y denunció que las acciones de Washington constituyen "una violación del derecho internacional destinada a estrangular la economía de la isla de forma sistemática". Finalmente, el Ejecutivo cubano reiteró que cualquier proceso de reforma o transformación institucional "corresponde de manera exclusiva a la libre determinación del pueblo cubano", alertando formalmente a la comunidad internacional sobre los planes de agresión militar que se diseñan desde la capital estadounidense.