EEUU imputa formalmente a Raúl Castro por asesinato

En la tarde del día de ayer, coincidiendo con el aniversario de la independencia de Cuba y apenas unas horas después de que el Gobierno estadounidense, a través de una declaración de Marco Rubio dirigida directamente a la población cubana, ofreciera una "nueva relación" bilateral entre ambos países, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en Washington una acusación criminal formal contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, por "su responsabilidad directa en la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate", un suceso ocurrido hace treinta años, el 24 de febrero de 1996.

El pliego de cargos de la Fiscalía estadounidense imputa a Castro un total de siete delitos penales de extrema gravedad. En concreto, el exmandatario afronta un cargo por "conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses", dos cargos por "destrucción de aeronaves en espacio aéreo internacional" y cuatro cargos por "asesinato en primer grado". Las autoridades judiciales norteamericanas sostienen que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ordenó "de manera consciente e inequívoca" el derribo de las avionetas 'civiles' en las que viajaban tres ciudadanos de Estados Unidos y un residente legal del país, todos ellos de origen cubano, quienes realizaban "labores de avistamiento de balseros en el estrecho de Florida".

El espejo venezolano

Esta contundente imputación se produce en un escenario de asfixia económica y política coordinada por la administración de Trump contra el Gobierno cubano. El cerco sobre la Habana se ha recrudecido significativamente tras la captura en enero de este año en Caracas del gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien también afrontaba cargos criminales en los tribunales estadounidenses y actualmente permanece recluido en una prisión de Nueva York. A raíz de este acontecimiento, la Casa Blanca ha implementado un criminal bloqueo petrolero contra Cuba para cortar sus suministros energéticos, ha multiplicado las advertencias públicas sobre la posibilidad de tomar el control del país caribeño, posibilidad más probable tras la imputación de Castro, que podría ser utilizada como pretexto para su secuestro, como lo hizo con Maduro, o para una eventual invasión de la isla.

Durante una comparecencia de prensa celebrada este miércoles en la capital estadounidense, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, rechazó categóricamente los comentarios que apuntaban a que la imputación contra Raúl Castro posee un carácter meramente político o simbólico. A pesar de que Blanche eludió responder de forma directa a los periodistas sobre si el Pentágono contempla una operación de extracción militar en territorio cubano similar a la ejecutada en Venezuela el pasado 3 de enero, el funcionario judicial enfatizó de manera rotunda que la orden de arresto ya ha sido formalmente emitida.

Respuesta de La Habana

Como contrapartida, el Gobierno de Cuba ha reaccionado con firmeza desde La Habana, tachando la imputación contra el exmandatario de "acción política sin base jurídica". Las autoridades de la isla han rechazado categóricamente los cargos penales presentados en Washington, argumentando que este movimiento judicial "carece de legitimidad y responde únicamente a una estrategia de hostigamiento orquestada por Trump para justificar el recrudecimiento del bloqueo económico". A través de un pronunciamiento oficial emitido este mismo miércoles, el Ejecutivo cubano ha denunciado la orden de arresto contra Raúl Castro como una flagrante violación a su soberanía nacional y una maniobra destinada a desestabilizar la región, reafirmando que el país "no se doblegará" ante las presiones del Departamento de Justicia estadounidense ni ante las renovadas amenazas de intervención externa.