EEUU fabrica ya su 'casus belli' particular contra Cuba

La administración del presidente Donald Trump intensifica una estrategia coordinada que, según denuncias del Gobierno de La Habana y de analistas políticos internacionales, busca construir un casus belli definitivo para justificar una intervención militar en Cuba. Este plan se apoya en dos frentes simultáneos: por un lado, las recientes filtraciones de los servicios de inteligencia del Pentágono sobre un supuesto despliegue de armamento iraní en el Caribe y, por el otro, la reactivación de un proceso penal de hace tres décadas contra el expresidente Raúl Castro en los tribunales federales de Florida. La combinación de ambos factores ha encendido las alarmas ante el temor de que Washington esté fabricando el pretexto definitivo para una agresión armada contra la isla, cumpliendo con las advertencias hechas por Trump el pasado mes de marzo, cuando amenazó públicamente con que Cuba sería el siguiente objetivo tras la intervención efectuada en Venezuela.

El primer "argumento" de esta ofensiva se dio a conocer el pasado domingo 17 de mayo, cuando el portal estadounidense Axios difundió un informe basado en "una fuente anónima del Pentágono". Según esta filtración, el gobierno de Miguel Díaz-Canel habría adquirido "más de 300 drones militares iraníes" que "estarían apuntando directamente a la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, a embarcaciones de la Armada norteamericana y a la localidad de Key West, en el sur de Florida". La supuesta presencia de asesores militares de Teherán en la capital cubana fue utilizada de inmediato por Washington para equiparar la situación con la Crisis de los Misiles de 1962. La respuesta diplomática de Cuba no se hizo esperar; el canciller Bruno Rodríguez y el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmaron en la red social X que la Casa Blanca "edifica de forma deliberada un relato para justificar la guerra económica y una eventual invasión", recalcando que la isla "se prepara para ejercer su derecho a la legítima defensa bajo el amparo de la Carta de la ONU".

El segundo frente de esta estrategia, de carácter judicial, se ejecutará formalmente mañana en Miami. Un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó a la agencia Reuters que la fiscalía federal tiene previsto hacer pública una acusación penal contra Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización de exiliados Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando Castro operaba como ministro de Defensa. La oficina de la fiscalía en Miami, que según una invitación oficial organizará un acto de homenaje a las víctimas ese mismo miércoles, aguarda la aprobación obligatoria de un gran jurado para sellar la imputación, un movimiento adelantado inicialmente por el diario Miami Herald.

La naturaleza política de este proceso judicial queda en evidencia al analizar la cúpula de la fiscalía de Miami que lidera la investigación. El fiscal federal jefe de la demarcación, Jason Reding Quiñones, es un reconocido aliado político de Donald Trump que actualmente también supervisa pesquisas como la investigación contra el exdirector de la CIA John Brennan y las indagaciones sobre si los procesos judiciales previos contra el actual mandatario estadounidense constituyeron una "conspiración en su contra". Este trasfondo refuerza la postura de las autoridades de La Habana de que los cargos contra Castro responden al diseño de un escenario de provocación donde la previsible negativa de Cuba a entregar a Raúl Castro, así como la supuesta posesión de drones iraníes sea utilizada por Washington como el detonante de la invasión.