Las armamentísticas se disputan un botín de 14.000 millones en créditos públicos regalados
Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics) recurre los créditos al 0% que Moncloa adjudicó a dedo a Indra y Escribano, en una guerra judicial que puede anular toda la financiación de los mega-programas de armamento.
La batalla judicial entre el gigante estadounidense General Dynamics, propietario de Santa Bárbara Sistemas (SBS), y las españolas Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EME) amenaza con tumbar los créditos blandos por más de 14.400 millones de euros que el Gobierno español regaló a la industria militar. Según informa El País, SBS ha recurrido el Real Decreto que otorgó préstamos al 0% de interés a sus competidoras para desarrollar nuevos obuses, alegando que se las adjudicó mediante un "procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia" del que fue excluida.
El recurso judicial, presentado ante el Tribunal Supremo, podría anular no solo estos créditos, sino todos los concedidos mediante siete decretos entre septiembre y noviembre de 2025, debido a un vicio de forma común: la omisión del dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Fuentes jurídicas consultadas por El País advierten de que, si el Supremo da la razón a SBS, se generaría una "situación de inseguridad jurídica" que podría paralizar los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.
Esta guerra corporativa destapa el modelo de financiación de la carrera armamentística española, que alcanzó en 2025 el 2% del PIB en gasto militar. Los créditos, concedidos a dedo por el Ministerio de Industria a empresas como Indra, Navantia, Airbus o la propia SBS, sirven para desarrollar programas al precio de decenas de miles de millones. El Gobierno español justifica esta inyección de miles de millones de fondos públicos como "necesaria" para crear un "campeón nacional" del sector armamentístico; al parecer, "la mano invisible del mercado" no es capaz de crearlo por sí solo, y necesita de fondos públicos.
En el centro del conflicto está la estrategia de Indra, controlada por el propio Estado español a través de la SEPI, por romper el casi monopolio de SBS en vehículos de combate. La multinacional española, tras fracasar en comprar Santa Bárbara, ahora busca absorber a EME. Las empresas se acusan mutuamente de "falta de experiencia" y de ofrecer proyectos "aparentemente inviables", mientras disputan un botín de dinero público que financia lo que el sector denomina eufemísticamente "modernización".
