Un juez imputa a dos exdirectores de la Guardia Civil por espiar a ciudadanos con software militar
La Justicia investiga por primera vez a mandos del cuerpo policial y al CNI por usar los programas Pegasus y Candiru contra desarrolladores de tecnología civil.
Un juez de Barcelona (Catalunya) ha imputado a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, así como a la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, por un presunto caso de espionaje ilegal con los programas Pegasus y Candiru. Según informa El País, se trata de la primera vez que una investigación judicial sobre este software intrusivo espía alcanza a la cúpula del cuerpo policial. La jueza Miriam de Rosa Palacio también incluye en su pesquisa a directivos de las empresas israelíes desarrolladoras del software, Saito Tech y NSO Group.
La causa se abre a raíz de una denuncia del colectivo Sentinel Alliance, integrado por cinco desarrolladores de protocolos de código abierto y votación digital. La Guardia Civil admitió el espionaje sobre algunos de ellos, aunque se desconoce la motivación. Un análisis del centro Citizen Lab documentó 78 ataques a sus dispositivos entre 2019 y 2021, permitiendo la extracción de archivos y la activación remota de micrófonos y cámaras. La investigación también abre una nueva línea sobre el uso del programa Candiru, otro software espía de uso exclusivo estatal, hasta ahora inédita en los tribunales españoles.
Denuncian que la información robada de sus dispositivos fue posteriormente filtrada a medios de comunicación para dañar sus empresas y reputación. "Consideramos que se desplegó software espía de grado militar contra la sociedad civil", advirtió uno de los afectados, Joan Arús, a El País. Su abogado, Xavier Muñoz, afirmó que la providencia supone "el inicio de una instrucción compleja pero necesaria para el Estado de derecho". Todas las investigaciones penales previas contra los desarrolladores fueron archivadas.
Este caso evidencia la instrumentalización sistemática de medios estatales de inteligencia contra la población civil. Paz Esteban, la exdirectora del CNI, comparece por quinta vez como investigada en causas por espionaje, aunque la Ley de Secretos Oficiales ha limitado la transparencia de sus declaraciones. Los querellantes solicitaron al Gobierno español la desclasificación de documentos y órdenes de investigación a Israel y Luxemburgo, peticiones que han sido rechazadas de momento. La investigación judicial se enfrenta ahora al muro de silencio institucional que ampara a los servicios de inteligencia.
