Un tribunal regional de Potsdam ha abierto el primer juicio en la República Federal de Alemania contra cinco activistas climáticos por el delito de formar una "organización criminal", según un comunicado del grupo Last Generation Germany y la asociación de apoyo RAZ e.V. Los acusados –Henning Jeschke (26 años), Mirjam Herrmann (28), Edmund Schultz (62), Lukas Popp (27) y Jakob Beyer (32)– se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel por haber participado en acciones de desobediencia civil entre 2022 y 2025. Este proceso supone la aplicación más severa hasta la fecha del artículo 129 del Código Penal alemán contra el movimiento climático, una ley ampliamente criticada por su ambigüedad y uso político.

Los activistas denuncian que la acusación es un intento de criminalizar la protesta legítima. "Los cinco estamos sentados allí como suplentes de todos los que defienden una democracia vibrante", declaraba la acusada Mirjam Herrmann en el comunicado. La aplicación del artículo 129 permite perseguir no solo a participantes activos, sino a cualquier persona que haya apoyado al grupo, mediante donaciones o incluso meras publicaciones en redes sociales. Desde diciembre de 2022, las redadas, la vigilancia telefónica y la incautación de fondos de donaciones han sido constantes contra la organización ecologista.

"Libertades civiles obstruidas", según el monitor internacional CIVICUS

El contexto represivo en Alemania ha tenido un impacto documentado en las libertades políticas y civiles del país. El observatorio internacional CIVICUS, que evalúa las libertades cívicas de diferentes países, degradó a Alemania de una clasificación "abierta" a "obstruida" en 2025, citando expresamente el trato policial y estatal hacia el activismo climático como uno de los factores de riesgo. En respuesta a la escalada represiva, más de 2.000 personas presentaron autoinculpaciones solidarias con los represaliados por actos de apoyo menores, mientras que relatores especiales de la ONU y juristas critican duramente el uso de estas leyes represivas.

La represión interna en Alemania

Este juicio responde a la amplia estrategia represiva de las autoridades germanas, que han endurecido el código penal enfocado a reprimir protestas y arremetido duramente en numerosas ocasiones contra el movimiento propalestino. En este contexto, la libertad de información y opinión también se ve amenazada, con casos flagrantes como las sanciones administrativas irregulares contra la actividad periodística de Hüseyin Doğru o las restricciones a diferentes actividades públicas organizadas por el periódico Junge Welt. También han comenzado a perseguir incluso a intelectuales conservadores por simples opiniones críticas con el Estado de Israel.

El comunicado señala que, tras "una presión política significativa de altos cargos", se han presentado cargos en tres casos separados contra once activistas. En este sentido, la criminalización de Last Generation establece un precedente peligroso: "No hay una línea clara que comience o termine con Last Generation. Es imposible predecir a quién apuntarán la política y el poder judicial a continuación", advierte el texto. El proceso en Potsdam se convierte así en otro indicador sobre sobre la tendencia hacia el autoritarismo en Alemania y Europa, todo ello sin la ultraderecha en el poder.

Blindaje exterior

Con el freno de deuda constitucional modificado, planes para restablecer el servicio militar obligatorio y recortes sociales sobre la mesa, Berlín encara un plan de rearme valorado en 377.000 millones de euros —el mayor desde 1945—, para volver a convertir al ejército alemán en “el más poderoso de Europa”, con las connotaciones históricas que conlleva esto. Hace poco, el canciller Friedrich Merz ha reconocido que mantiene conversaciones con sus socios comunitarios para desarrollar un arsenal nuclear europeo.