El Congreso aprueba las penas de cárcel por hurtos leves reiterados con los votos de PSOE, PP, Vox y Junts
La reforma del Código Penal impone penas de seis a dieciocho meses de prisión por tres hurtos, aunque el precio acumulado no alcance los 400 euros.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves de forma definitiva la proposición de ley de Junts per Catalunya para endurecer el tratamiento penal de la "multirreincidencia". La norma salió adelante con los votos a favor del PSOE, el PP, Vox, Junts y UPN, que sumaron una mayoría absoluta de más de 300 escaños. ERC se abstuvo y el conjunto de las fuerzas auxiliares del PSOE —Sumar, Podemos, EH Bildu, BNG y la coalición canaria— votaron en contra, sin poder impedirlo y sin condicionar su apoyo. La reforma, que tendrá que pasar por el Sendado, modifica el Código Penal para imponer penas de prisión de seis a dieciocho meses a quienes acumulen tres hurtos leves, incluso si el precio total de lo sustraído no supera los 400 euros.
El texto, registrado por Junts en marzo de 2024 y tomado en consideración en septiembre con el respaldo inicial de PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, había quedado paralizado tras la ruptura de Carles Puigdemont con Moncloa. Sin embargo, un pacto a puerta cerrada en la sala Peces-Barba entre el PSOE, los populares y posconvergentes desbloqueó la tramitación en diciembre, apenas dos días después de que Pedro Sánchez reconociera en entrevistas en Catalunya algunos "incumplimientos" con Junts y se comprometiera a "corregirlos". La ley, que incorpora hasta seis enmiendas transaccionales pactadas por PSOE y PP, agrava además las penas hasta uno o tres años cuando los delitos sean "graves" o impliquen dispositivos electrónicos y "estafas reiteradas".
Los socios de izquierdas del PSOE cargaron con duras palabras contra sus investidos por sumarse a una mayoría con las derechas y el fascismo para aprobar una ley criminalizadora de la pobreza. Fuentes de Sumar, socio de coalición, advirtieron de que "no se puede combatir la inseguridad con más cárcel y menos derechos" y acusaron a Sánchez de "abrazar un marco ultra solo para contentar a Junts". Podemos denunció que la norma responde a la competencia de los posconvergentes con Aliança Catalana: "Junts necesita adoptar los postulados fascistas para no perder el voto de la extrema derecha, y el PSOE le presta los votos". EH Bildu y BNG coincidieron en señalar que la reforma "no resuelve ningún problema estructural, pero llenará las cárceles de personas vulnerables". Sin embargo, ninguno de los socios de investidura y Gobierno amenaza con retirar su apoyo incondicional al PSOE, por lo que Sánchez puede seguir ampliando leyes autoritarias sin temor a perder el Gobierno, pactando con la derecha cuando le conviene.
La aprobación definitiva consagra otra de vuelta de tuerca punitivista que, al fijar penas superiores a dos años, implicará en muchos casos la entrada en prisión efectiva por delitos patrimoniales de escasa cuantía, cometidos por personas en situación marginalidad y pobreza. Organizaciones sociales y juristas progresistas advierten de que la ley criminalizará principalmente a población migrante y personas en situación de exclusión social, sin abordar las causas económicas que empujan a estas personas a cometer los hurtos de supervivencia. Mientras, el PSOE consuma su enésima alianza parlamentaria táctica con PP, Vox y Junts en materia penal y el discurso de la "mano dura" se normaliza con el aval de un Gobierno que se define como "el más progresista de la historia".
