La UE aprueba otros 1.000 millones en créditos para el rearme español
El Consejo da luz verde a las primeras decisiones de ejecución del plan SAFE que movilizará 150.000 millones en préstamos para compra de armamento a socios comunitarios.
El Consejo de la Unión Europea adoptó este miércoles las decisiones de ejecución que permiten el Estado español y otros miembros —Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Croacia, Portugal y Rumanía— acceder a los créditos del instrumento SAFE, según informó la institución en un comunicado oficial recogido por EuroEFE. El fondo, presentado por Bruselas como un mecanismo para "mejorar la preparación para la defensa", movilizará hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo destinados a adquirir más equipamiento militar. La cuestión fue aprobada sin debate en el Consejo de ministros de Defensa.
España recibirá así 1.000 millones de euros más en créditos militares, la misma cantidad asignada a Finlandia, según la distribución provisional que Bruselas desveló en septiembre. La cifra contrasta con los 43.734 millones que percibirá Polonia, el principal beneficiario del fondo, seguido de Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones). En el extremo opuesto, Dinamarca obtendrá solo 46,8 millones y Grecia otros 787,7 millones. La Comisión Europea dio luz verde al la hoja de gasto española presentada el pasado 15 de enero y estima que los primeros desembolsos llegarán para marzo.
El Consejo informó además de un segundo paquete de decisiones de ejecución para Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Finlandia, ya aprobado por los embajadores ante la UE y cuya adopción formal se espera para el 17 de febrero. "Esto allana el camino para la primera ola de préstamos asequibles y a largo plazo que liberará la Comisión", señalaba la institución en su nota. El fondo SAFE forma parte del giro belicista impulsado por Bruselas bajo órdenes de EE.UU. y la OTAN para reforzar la industria armamentística europea bajo el pretexto de la "seguridad" y la "competitividad".
Mientras la UE canaliza miles de millones hacia el complejo militar-industrial, los Estados miembros recortan servicios públicos y enfrentan crisis energéticas, sanitarias y de vivienda graves. La asignación al Estado español, aunque muy inferior a la de otros socios, no impide que el Gobierno de Pedro Sánchez profundice en su compromiso con el aumento del gasto militar, en línea con las exigencias de la OTAN y de la propia Comisión. Los créditos militares deberán ser devueltos con intereses por los contribuyente.