A siete kilómetros de Sofía (Bulgaria), una antigua base militar alberga a cientos de hombres que huyen de la guerra en Siria, Afganistán o Irak. En el centro de detención de Busmantsi, financiado por la Unión Europea con 90 millones de euros para ampliaciones, los internos viven hacinados en celdas de treinta personas sin retretes ni agua corriente, según ha detallado un extenso reportaje del New York Times. Por la noche, los guardias cierran las puertas a las diez y no las abren hasta las siete de la mañana. Los hombres orinan por las ventanas y vomitan en bolsas de plástico. Un cartel a la entrada presume de seis millones de fondos comunitarios. Es el modelo que Bruselas ha perfeccionado en la frontera más vigilada del continente.

Alemania deporta ya cinco veces más personas a Bulgaria que en 2022, amparándose en la normativa europea que obliga a solicitar asilo en el primer país de entrada. Hesham, un sirio de 27 años que trabajaba de sastre en Damasco e Istanbul, logró llegar a Sajonia-Anhalt, donde le esperaba su hermana, a la que no veía desde hacía once años. Aprendió alemán y una nave de Amazon le ofreció un contrato. Pero la policía alemana lo detuvo, lo esposó y lo subió a un avión con destino a Sofía. El piloto se negó a despegar al verlo forcejear. Lo liberaron. Dos semanas después, cuando acudió a renovar su tarjeta de identidad, volvieron a arrestarlo. Ahora cumple su tercer internamiento en Busmantsi. Los funcionarios búlgaros le ofrecen 150 euros a cambio de regresar a Damasco, ahora bajo el control de los herederos de Al Qaeda. Él se niega: su casa fue bombardeada y su padre, detenido en un control hace trece años, sigue desaparecido.

Las condiciones en los centros búlgaros son conocidas por las autoridades europeas, pero ni Bruselas ni Berlín han tomado medidas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha documentado la falta de asistencia médica, las agresiones de los guardias y el confinamiento de enfermos mentales en aislamiento. El ministro del Interior búlgaro, Daniel Mitov, justifica el hacinamiento y la suciedad porque "los traficantes aconsejan a los migrantes que dañen las instalaciones para poder quejarse después". Bulgaria, el país más pobre de la UE y recientemente ingresado en la eurozona, recibió el año pasado el visto bueno para formar parte del espacio Schengen tras endurecer el control fronterizo con vigilancia por drones y el intercambio de datos biométricos con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que ha protagonizado múltiples asesinatos y disturbios en Minneapolis en las últimas semanas.

El Pacto de Migración y Asilo, que entrará en pleno vigor este mismo verano, legaliza la ficción jurídica de la "no entrada" y permite internar a solicitantes de asilo en centros como Busmantsi o Lyubimets, este último construido con contenedores metálicos a tan solo 18 kilómetros de la frontera turca. La norma elimina la garantía de representación legal en frontera y amplía los supuestos de detención, incluida la de menores. Mientras la UE aprueba cheques de miles de millones para externalizar fronteras, personas como Hesham siguen encerradas sin fecha de liberación.