La Fiscalía pide anular los registros en Sidenor

El pasado martes, la Policía Nacional española registró las oficinas que la empresa Sidenor tiene en Basauri (Bizkaia), por orden de la Audiencia Nacional. Está abierta una investigación judicial sobre las ventas de acero de esta empresa vasca al Estado de Israel, y en ese marco el juez Francisco de Jorge ordenó el registro. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se anule dicha actuación, al considerar que se está actuando “sin base legal” en la causa.

El presidente de Sidenor, Jose Antonio Jainaga, y otros dos empresarios de la compañía están siendo investigados por “contrabando” y “complicidad en crímenes contra la humanidad”, ya que habrían vendido miles de toneladas de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI), sabiendo que ese material estaba destinado a la producción de armamento. El origen del caso fue una querella presentada por la Comunidad Palestina de Catalunya, y los tres empresarios declararon ante el juez el pasado noviembre.

Tras los registros del martes, no obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha criticado el rumbo de la investigación. Sostiene que la causa “debería limitarse a determinar si existió o no contrabando”, argumentando que “los delitos contra la humanidad deben ser denunciados por alguien que haya sufrido trato injusto” o por el propio Ministerio Fiscal.

La investigación judicial se centra en las ventas de acero realizadas por la empresa vizcaína a los genocidas entre 2024 y 2025; en concreto, en las 1.207 toneladas vendidas al Estado israelí desde agosto de 2024. No obstante, documentos judiciales previos ya habían mostrado que Sidenor vendió material de forma masiva a Israel: desde noviembre de 2023 realizó más de 30 envíos y mantuvo al menos hasta junio de 2025 esa actividad comercial.