El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. congela la financiación de varias agencias
Los presupuestos se encuentran bloqueados porque los demócratas piden que los agentes de ICE actúen sin capuchas y con mandato judicial, mientras los republicanos rechazan las peticiones.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) entró la semana pasada en un shutdown parcial, el tercero en tres meses, al no lograr el Congreso un acuerdo para financiar al gigantesco organismo que supervisa a más de 260.000 empleados de agencias como la TSA (seguridad aeroportuaria), la Guardia Costera, FEMA (protección civil) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La falta de fondos no afecta a las operaciones de ICE, pero evidencia el pulso entre demócratas y republicanos por las condiciones que la oposición exige para aprobar el presupuesto.
Los demócratas, que carecen de mayoría pero pueden bloquear la ley al necesitarse 60 votos en el Senado, exigen que los agentes de inmigración operen a rostro descubierto, que soliciten mandatos judiciales para realizar redadas y que se establezcan "políticas más estrictas sobre el uso de la fuerza", "nuevos estándares de formación" y "el fin de las patrullas móviles". La exigencia llega tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado en operativos de ICE, que han disparado las protestas contra la agencia. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó a ICE como una "agencia canalla" e instó a los republicanos a aceptar los límites.
El responsable de seguridad fronteriza, Tom Homan, que dirige las operaciones en Minnesota, rechazó de plano las condiciones. Sobre el uso de capuchas, alegó que "las amenazas y agresiones contra los agentes de ICE están aumentando. Estos hombres y mujeres tienen derecho a defenderse". Los republicanos han respondido que cualquier nueva medida de control sobre los agentes federales "debe ir acompañada de restricciones a las ciudades santuario", jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades migratorias. Ambas partes se mantienen en sus posiciones mientras el Congreso se encuentra en pausa hasta el 23 de febrero.
Mientras el pulso político entre ambas facciones del régimen estadounidense se enquista, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continúan sus operaciones sin interrupción gracias a los miles de millones adicionales que les garantizó la ley de recortes fiscales y gasto impulsada por Trump en 2025. Sin embargo, se prevé que casi el 85% de los empleados de FEMA trabajen sin cobrar durante el shutdown, y que el 95% de los 60.000 asalariados de la TSA hagan lo mismo, con el consiguiente riesgo de retrasos en los aeropuertos.
En el anterior cierre, de 43 días en otoño, los problemas comenzaron a agravarse con el paso del tiempo. Los legisladores han financiado por separado al Departamento de Transporte, por lo que los controladores aéreos no se verán afectados, pero los agentes de seguridad aeroportuaria siguen en el aire, acudiendo a sus puestos sin sueldo mientras la maquinaria deportadora de ICE sigue engrasada con miles de millones de dólares extra, a la espera de nuevas redadas.
