El Gobierno alemán justifica la “muerte civil” contra periodistas de la UE

El portavoz del Auswärtiges Amt (Ministerio de Asuntos Exteriores alemán), Josef Hinterseher, defendió el pasado 13 de febrero en la Bundespressekonferenz la política de sanciones de la Unión Europea contra periodistas y analistas considerados "prorrusos". "El objetivo de las sanciones es explícitamente un cambio de comportamiento", declaraba Hinterseher, refrendando así las medidas que afectan a ciudadanos alemanes y de otros países europeos. Sus palabras confirman que Bruselas mantiene en sus listas negras a figuras como los alemanes Thomas Röper, Alina Lipp y Hüseyin Doğru, al suizo Jacques Baud o al francés Xavier Moreau, entre otros.

Las sanciones, impuestas sin mediar procedimiento judicial, implican la congelación de bienes y la prohibición de viajar a territorio de la UE. En la práctica, según denuncia el historiador Hannes Hofbauer en su libro Aller Rechte beraubt (Despojados de todos los derechos), del que el diario junge Welt publica un avance, esto supone sumir a los afectados en un estado de "absoluta falta de derechos". El abogado especialista en sanciones Viktor Winkler califica esta situación como "muerte civil" (bürgerlicher Tod), ya que a los sancionados "no se les puede procesar judicialmente" y por ello se les aplica un castigo extrajudicial.

El caso del analista militar suizo Jacques Baud, de 70 años, residente en Bruselas, ilustra este mecanismo. Baud, que trabajó para los servicios de inteligencia suizos, la ONU y la OTAN, fue sancionado en diciembre de 2025 por Bruselas. La orden de ejecución de la UE le acusa de ser "altavoz de propaganda prorrusa" y de afirmar que "Ucrania provocó su propia invasión para unirse a la OTAN". Sin embargo, Baud asegura que él ni siquiera expresó tal opinión: se limitó a citar declaraciones de Oleksiy Arestovych, exasesor de Zelensky, quien en 2019 vaticinó una gran guerra con Rusia como precio para el ingreso en la Alianza. Desde su sanción, Baud no puede moverse de Bélgica ni acceder a su dinero, y ni siquiera Suiza, su país, ha actuado para protegerle.

La decisión del Gobierno alemán de respaldar estas medidas irregulares sitúa a Berlín como valedor de un sistema que, según Hofbauer, recurre a la represión administrativa precisamente porque "no se puede procesar judicialmente" a estas personas. En un Estado de derecho, argumenta el historiador, acusaciones como las vertidas contra Baud, Moreau, Röper, Lipp o Dogru no resistirían el más mínimo examen judicial, por lo que Bruselas opta por desposeerlos de derechos sin ningún tipo de procedimiento.