El Gobierno español sanciona con más de 35.000 euros a medio centenar de participantes en la huelga por la DANA

Más de cincuenta personas han recibido notificaciones de expedientes sancionadores que superan los 35.000 euros por su participación en la huelga convocada el pasado 29 de mayo en València contra la gestión de la DANA. La convocatoria, impulsada por sindicatos como CGT, CNT e Intersindical, coincidió con el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, y se desarrolló en el marco de una multitudinaria manifestación contra el Gobierno autonómico de Carlos Mazón. La organización Alerta Solidària ha denunciado que estos procedimientos constituyen un "ataque al derecho a la manifestación y a la huelga".

Según el comunicado difundido por Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, más de un centenar de personas fueron identificadas y registradas por la Policía Nacional española durante la jornada de huelga. Los expedientes sancionadores se basan en la participación en los piquetes informativos que se sumaron a las protestas. Las organizaciones denuncian la "vulneración de los derechos fundamentales" por parte de un cuerpo policial que actúa, señalan, "a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE". Las sanciones, que alcanzan los 35.000 euros, se aplican al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que el "Gobierno más progresista de la historia" sigue sin derogar.

El comunicado apunta directamente a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como responsable de la actuación. Alerta Solidària sostiene que Bernabé, "que ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contra las que exigen responsabilidades políticas y judiciales". La organización denunciante considera que estos expedientes contradicen el discurso de la delegada sobre su "sensibilidad con las víctimas".

Por tanto, las organizaciones han exigido el archivo inmediato de todos los procedimientos sancionadores abiertos contra los huelguistas del 29M. Además, reiteran su petición de derogación de la Ley Mordaza, que consideran un instrumento de criminalización de la protesta social. El caso evidencia, según los colectivos, la represión ejercida contra quienes cuestionan la gestión institucional de una catástrofe que causó más de dos centenares de muertos y que aún no ha tenido depuración de responsabilidades políticas, mientras las sanciones contra los manifestantes llegan mucho antes.